El propuesto embajador ante el Vaticano, Alberto Iribarne, renunció por los diarios, sin previo aviso. Nada parece sugerir que se trate de una incitación del ex jefe de gabinete, Alberto Fernández. En cambio hay indicios acerca de la participación de su sucesor, Sergio Massa, y de un ex funcionario de los sucesivos gobernadores bonaerenses Eduardo Duhalde y Carlos Rückauf. La operación también incluye, como paso previo a la designación de un nuevo titular del Obispado castrense, un hipotético pedido de disculpas de su jubilado ex titular, Antonio Baseotto. Como es obvio, semejante paso no depende de la voluntad del jefe de gabinete y fue planteada mientras estaba en Buenos Aires el cardenal argentino Leonardo Sandri. La presidente quiere negociar con el Vaticano la disolución del Obispado y el Vaticano se rehúsa.

Iribarne estaba harto de vagar en el limbo de una designación imposible. A través de Fernández hizo llegar la propuesta de su renuncia hace seis meses a la presidente, quien no lo consideró apropiado. Pero ahora la remitió a la prensa al mismo tiempo que a CFK, decisión de grueso calibre político, sin la cautela de la mayoría episcopal, que no firmó ningún documento de la Comisión Permanente. El cardenal Jorge Bergoglio fue una vez más portador de rumores tremendistas. Al ex vicepresidente Carlos Alvarez le dijo que “esto termina a los tiros”, el tipo de análisis y/o expresión de deseos que iluminan el horóscopo catastrofista de la Coalición Cívica Libertadora y su metafórico liderazgo. Con preocupación por estos vaticinios, la mayoría del cuerpo que integran representantes de las distintas regiones eclesiásticas optó apenas por un trascendido a cargo de su vocero oficial, mientras desde Roma Benedicto XVI fustigaba a la Argentina por la pobreza y la desigualdad y le reclamaba honestidad y respeto de la justicia. Según el sacerdote Jorge Oesterheld, la Iglesia Católica desea participar en la elaboración de la nueva ley de servicios audiovisuales y está preocupada por lo que llama sus “derechos adquiridos”. Esta expresión inhallable en cualquier versión de los Evangelios, alude a los tres canales de televisión abierta y a las 130 radios que distintos obispados del país obtuvieron durante gobiernos anteriores, a partir de la resolución del COMFER 858/90 que declaró a la Iglesia Católica Apostólica Romana “sujeto de servicios de radiodifusión”. Cuando un bárbaro ex interventor del COMFER adjudicó a Bergoglio en forma directa, sin concurso previo, una frecuencia televisiva de UHF, para lo cual invocó el status de persona jurídica de carácter público que el Código Civil asigna a la Iglesia Católica, la Asociación de Teledifusores Argentinos dijo que sentaba “un precedente muy peligroso”. Otros obispados también obtuvieron licencias de TV abierta, y ATA temía que los operadores de cable se vieran obligados a incluirlos en sus grillas. Desde el año pasado y sin que nadie los obligue, los operadores de cable del Grupo Clarín, Multicanal y Cablevisión, ya incluyen el canal de Bergoglio. Su programación sigue la consigna tercerista del cardenal: ni misas ni culos. La gran mayoría las radios y televisoras de la Iglesia Católica “no transmiten contenido religioso y en el Gran Buenos Aires muchas radios son alquiladas a bailantas”, afirma un especialista de ATA. “Como la Iglesia y las universidades no tienen que concursar para obtener una licencia, más de un particular le pedía al párroco amigo que le consiguiera una banda y a cambio le pasaba la misa en la radio,” explicó en 2005 un funcionario del COMFER. El obispado de Mar del Plata trasmitía la programación completa de FM HitsContinental, de la Capital Federal. Para evitar una sanción, el obispado reconoció la infracción y dejó sin efecto el contrato no autorizado por el COMFER. Las autorizaciones a la Iglesia Católica no se concursan y carecen de fecha de vencimiento, como si participaran de la inmortalidad del alma. En 2005 el COMFER dictó la resolución 1017, que contenía como anexo un reglamento de los servicios de radiodifusión de la Iglesia Católica. Ese reglamento estableció que no podría tener más de un servicio de radio o televisión por localización, que los servicios debían tener “un fin congruente con su misión, vinculada con obras de piedad, apostolado o caridad” y que, tal como fija el artículo 67 de la ley de radiodifusión vigente, los titulares del servicio no podrían ceder su derecho a terceros, asociarse con ellos, revender espacios o quedar ligados en forma exclusiva a productoras de programas. Esas son faltas graves y darán lugar a la caducidad de la autorización. Pese a las bajas dispuestas desde entonces la Iglesia Católica aún tiene un centenar de frecuencias de radio FM en todo el país, seis de ellas en la Capital y cuarenta en la provincia de Buenos Aires. Los derechos adquiridos que esgrime el Episcopado son un exorcismo contra las investigaciones sobre el uso de todas las licencias del país que está llevando a cabo Gabriel Mariotto, el primer responsable del COMFER dispuesto a hacer cumplir la ley.

Más conscientes de sus obligaciones que de sus derechos, los sacerdotes del Grupo Carlos Mugica en opción por los pobres ratificaron el viernes al concluir su encuentro anual que quieren estar cercanos a los gozos y esperanzas, sufrimientos y dolores de “los pobres, víctimas de la injusticia”. El extenso documento invitó a realizar una lectura crítica de la información que llega por medios “fieles a grupos económicos antes que a la búsqueda y comunicación de la verdad”, alertó contra “el uso de la escarapela o las imágenes de la Virgen de Luján con los que ciertos sectores intentan legitimar sus posturas” porque “la patria no la construye un sector sino toda la sociedad, comenzando desde los márgenes” y renovó la “apuesta por la democracia, aunque la pretendemos siempre más participativa, con un lugar privilegiado para los pobres, indígenas y campesinos; con una justa distribución de la riqueza”. Ante la “discusión sobre el modelo de país” se pronunciaron por “una patria donde quepan todos, donde todos sean incluidos en la mesa de la vida recordando que sobre toda propiedad privada grava una hipoteca social”.