Parte del problema que enfrentan las cámaras patronales para explicar a la sociedad las razones de su nueva agresión es que los productores de cereales estarían en mucha mejor situación si la Mesa de Enlace y sus aliados hubieran fracasado el 18 de julio y estuviera vigente la resolución 125 con las modificaciones que le había introducido la Cámara de Diputados. La ventaja sería mayor para los productores más pequeños, de las zonas extrapampeanas. Sólo los mayores productores de soja hubieran sufrido una leve merma de ingresos, lo cual además ratifica la eficiencia de la 125 para contener la expansión sojera. Economistas de instituciones privadas que estudiaron estos números los hicieron llegar al gobierno que, sin embargo, prefirió no difundirlos para no dar pretextos a la escalada de agresión que plantean las cámaras patronales.

El proyecto votado por los diputados establecía compensaciones diferenciales por niveles de producción y distancia de los puertos. Hasta 1500 toneladas anuales de soja o girasol, las primeras 750 toneladas no hubieran tenido aumento y sus retenciones hubieran quedado en el 35 por ciento. Los productores de hasta 750 toneladas no hubieran tenido cambios en sus retenciones. Para quienes produjeran y comercializaran no más de 300 toneladas anuales la compensación hubiera implicado una reducción de la alícuota, al 30 por ciento. Pero además se hubieran pagado reintegros por el transporte de hasta 750 toneladas de soja y girasol, desde las regiones extra-pampeanas y una serie de departamentos de las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. El cotejo entre esta solución derrotada el 17 de julio y la situación actual se hizo mediante supuestos muy conservadores:

1. Un productor que no es dueño de la maquinaria agrícola y debe pagar los servicios de labranza y cosecha hasta un 20 por ciento por encima de los costos del contratista.

2. Un rinde efectivo máximo al momento de la cosecha de las zonas más productivas (como el norte de Buenos Aires y el sur de Santa Fe para la soja) igual al esperado al momento de la siembra y al de varias campañas anteriores (menos de 34 quintales en las zonas pampeanas).

3. Se toman todos los costos del productor a su valor de reposición y no al costo real que pagó en la siembra o durante la producción. Esto sobreestima, entre otros, los costos de semilla y labranza.

4. También se subestiman los ingresos al suponer que el productor sojero no combina cultivos cuando en realidad en las regiones núcleo se alternan los cultivos.

5. Se excluyen del reintegro por flete los departamentos de la región pampeana que hubieran sido alcanzados por el beneficio.

Proyectando todas estas variables la conclusión es que con los precios internacionales del miércoles 1 de octubre los productores de trigo y maíz hubieran pagado retenciones más bajas y obtenido mayores beneficios, mientras los de girasol y soja hubieran debido pagar retenciones apenas superiores a las vigentes (35,5 y 36,2 por ciento en lugar del actual 35 por ciento), como se observa en el cuadro 3.

En la zona núcleo, con la resolución 125 los grandes productores de trigo hubieran obtenido un margen bruto 16 por ciento más alto, ventaja que se hubiera elevado al 22 por ciento para los pequeños. La diferencia hubiera sido mayor aún con el maíz en el norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe: 38 por ciento para los grandes productores y 62 por ciento para los pequeños. En el caso de la soja los grandes productores hubieran tenido menores márgenes brutos: 5 por ciento en el norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe, 6 por ciento en Santiago del Estero y 10 por ciento en Salta. Distinta hubiera sido la situación para los productores de soja de hasta 750 toneladas anuales: los del norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe hubieran obtenido márgenes brutos 3 por ciento menores, pero los de Santiago del Estero hubieran incrementado sus beneficios en un 33 por ciento y los de Salta en un 80 por ciento. Los de hasta 300 toneladas anuales hubieran mejorado sus márgenes brutos en un 8 por ciento, los santiagueños un 55 por ciento y los salteños un 110 por ciento. Sólo hubieran tenido retrocesos significativos los productores de soja de hasta 1500 toneladas, con detrimentos en sus márgenes brutos del 4 por ciento en el norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe, 30 por ciento en Santiago del Estero y 32 por ciento en Salta. Esto indica que la resolución 125 y las modificaciones que se le introdujeron en la Cámara de Diputados no era perfecta y que en algunos casos muy acotados hubiera disminuido la rentabilidad empresarial. Pero también queda claro que la situación general hubiera sido mucho mejor. Sólo la puja de poder, que resplandece en cada frase de Biolcati, De Angeli, Mario Llambías y Eduardo Buzzi explica porque vuelven a la intemperie en vez de seguir las negociaciones para perfeccionar un instrumento más válido que la cerrada negación con la que condujeron a punto muerto. Por eso los miembros de la Mesa de Enlace dejan sus sillas vacías en los foros semanales que convoca para ajustar los mecanismos la ONCCA: Verde, sobre cereales, Rojo, de carnes, y Blanco, de lácteos. Tampoco respondieron a la invitación del presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, Alberto Cantero, para opinar sobre más de una docena de proyectos que les conciernen. Van por todo y no quieren dialogar.