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Los escenarios que atisban oficialistas y opositores en el Senado son homologables a un videogame con tres pantallas. La primera es el tratamiento en las comisiones. La segunda, la discusión en general. La tercera, el debate artículo por artículo. Desde luego, si no se pasan las dos primeras, es game over. La tercera tiene una sanción más moderada, el regreso a Diputados para tratar adiciones o modificaciones.

El tránsito por las comisiones es peliagudo, sopesan oficialistas y contreras. El reglamento de la Cámara alta es más exigente que el de Diputados: se requieren más firmas para conformar los dictámenes, las minorías pueden meter bastante baza. Cristina Fernández de Kirchner lo redactó, cuando revistaba en el “honorable Senado” durante la presidencia de Eduardo Duhalde. El orden se mantuvo cuando el kirchnerismo devino mayoría y perduró cuando la tuvo holgada. Al politólogo sueco que hace su tesis de posgrado sobre la Argentina le han encargado un paper que dilucide si esa continuidad se debe a convicción republicana, a distracción o a la dificultad del kirchnerismo para implementar políticas anticíclicas en épocas de vacas gordas. La investigación está atrancada: el politólogo está atribulado por desengaños amorosos y por la decepcionante campaña de Boca, su productividad intelectual ronda el cero.

Como fuera, las reglas para saltear la valla de las comisiones son exigentes y, en la coyuntura, conceden un cúmulo de poder (aun de veto por cajoneo) al jujeño Guillermo Jenefes. El hombre ha curtido el perfil bajo hasta ahora pero ahora dispone del password del trámite. Jenefes es un poderoso capitalista jujeño, ésa fue la clave de su ingreso al Senado. Su estudio jurídico no tiene competencia a la par, es dueño de importantes multimedios en su provincia; como cualquier hombre de fortuna en la Argentina siglo XXI es propietario de “campos” envidiables. No es un dirigente político de carrera, ni su patrimonio es ajeno al tema que se debate. He ahí los ejes de su fortaleza política y sus coordenadas éticas. Jenefes se ha puesto exigente respecto de las formas del debate y, acaso, intransigente respecto de la “cláusula de de-sinversión”, el sonado artículo 161 que estipula en qué tiempo deben desprenderse los actuales propietarios de medios de las frecuencias que excedan las cuotas autorizadas por la nueva ley. Los lobbies lo rodean, halagan e invocan la pertenencia común. Los grandes medios lo transforman en un repúblico. En el otro platillo de la balanza están sus convicciones, sus compromisos y pertenencias partidarias. La ley de ética pública es imprecisa respecto de qué sucede con los parlamentarios cuando legislan sobre temas que atañen a su propia billetera. Jamás podría haber un criterio muy restrictivo: las cámaras rebosan de abogados, médicos, sindicalistas, propietarios o inquilinos que no podrían dar un paso al costado en cada debate vinculado con sus intereses. Pero hay casos extremos, que quizá justificarían excepciones a la regla de amplitud.

El discurrir de las comisiones será arduo. Un excalibur entre el celular de Miguel Pichetto y el de la Presidenta echaría chispas. Y daría cuenta de que hay llamadas desde acá y desde Nueva York.

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Contra lo que es regla en los jueguitos, la segunda pantalla, por ahora, parece que podría ser menos ardua que la primera. Si saltea el primer escollo, sus operadores porotean 38 votos a favor y profetizan que no habrá asistencia perfecta en los 72 curules. La diferencia, pues, dependería de los faltazos. Por cierto, esos cómputos son interinos, vulnerables a pressing, persuasión y otros recursos sanctos o no tanto. Pero, con la compañía del socialista Rubén Giustiniani, más algunos compañeros que rechazaron la resolución 125 y ahora vuelven al redil, más los representantes del ARI fueguino que suelen concordar con la línea de Proyecto Sur, en el Frente para la Victoria calculan trascender los 36 apoyos que no le bastaron para las retenciones móviles. Y ven un poco más desvaído al conglomerado del rechazo.

Los radicales revieron su táctica. Ahora se inclinan a la discusión minuciosa, cláusula por cláusula si son derrotados en la votación general. Gerardo Morales hace de fighter y amaga ir por todo. Ernesto Sanz se vale del bisturí y opera al interior del debate. Huelga explicar que esa división de ta-reas es pactada y que Sanz está mucho más cerca del corazón de Julio Cobos que el jujeño que expulsó al vice del partido y ahora (quieras que no) está a tiro de represalia.

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La tercera instancia, no eliminatoria, es la discusión en particular. Los augures presagian que el oficialismo tendrá que conceder prolongando el plazo para la retrocesión de las concesiones que exceden el nuevo tope legal. Los socialistas, el ARI fueguino y varios senadores justicialistas lo forzarían. Puede que el Frente para la Victoria prefiera hacer “anticipo ofensivo”, acumular consensos previos y hacerse pie del retoque. Claro que esa jugada no puede sincerarse sino a último momento.

La composición de la autoridad de aplicación sería otro ítem revisable, en el que el oficialismo ve más paridad. Por ende, podía ponerse más tenaz en conservar tal cual vino de Diputados.

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José Luis Manzano fatiga hoteles y bares aledaños al Congreso. Juan Carlos Mazzón opera para el oficialismo fuera del Parlamento, adentro sudan la gota gorda José Pampuro y Pichetto. Consultado un discípulo de Adrián Paenza por este columnista, calculó que es muy difícil que se repita un empate en la votación: la ley de posibilidades otorga una chance ínfima, hasta puede haber una cifra impar de senadores; la historia no se repite... Hasta ahora, la directiva presidencial es urgir el procedimiento y tratar de votar el 7 de octubre, con Cobos en el estrado. Desde el extremo sur del celular rojo, Pichetto y Pampuro verían con agrado pasarlo al 14. Ese día la Presidenta estará en la India, Pepe Pampuro presidirá la sesión y contará con la facultad de desempatar, si pinta. La posibilidad es exigua, ya se dijo, pero en un videogame lleno de peripecias es bueno contar con una “vida” más.