El jefe de la regional sur metropolitana de la AFIP, Andrés Vázquez, declaró ante el juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid que ordenó por propia iniciativa la inspección del 9 de septiembre sobre las oficinas del Grupo Clarín. Dijo que estaba facultado para ello ya que sus atribuciones equivalen a las de un juez de instrucción. Vázquez fue separado de su cargo de inmediato por el director de la AFIP, Ricardo Echegaray, quien ordenó detener el operativo. Echegaray debe declarar esta semana en la misma causa. Vázquez fue uno de los funcionarios que Echegaray apartó al asumir en la Aduana, junto con Carlos García Lorea, quien hizo la carrera en el organismo fiscalizador vinculado con la SIDE. Pero con el mismo respaldo reapareció en la AFIP, con una enorme voluntad de congraciarse. El fastidio de la presidente la tarde del procedimiento sobre Clarín debería concretarse en cambios que impidan a ese organismo actuar en las sombras por medio de operadores oficiosos, como los que también tiene en la justicia, donde funciona un Consejo de la Magistratura paralelo. Una acumulación de episodios ha atraído el interés judicial: entre ellos la designación de jueces subrogantes que dejan en libertad a procesados por crímenes de lesa humanidad y los exámenes transmitidos a los postulantes para engañar al Consejo de la Magistratura. En esos concursos mañosos se repite como jurado un camarista que primero fue subrogante, designado en forma irregular. Carlos Ferrari, el postulante que citó de memoria más de cuarenta fallos, incluyendo once de la Corte Suprema estadounidense, trabaja en la Auditoría General de la Nación. Su jefe es el auditor Javier Fernández, el mismo que en junio recibió un mail del empresario trucho Gabriel Brito con datos sobre el financiamiento de la política y recién convocó al colegio de auditores para analizarlo tres meses después, cuando la jueza María Servini hizo pública la existencia de ese mail.