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La creación del Fondo del Bicentenario (Fobic) y la designación de Mercedes Marcó del Pont repiten el esquema que CFK ya aplicó en la recuperación del sistema previsional, la movilidad jubilatoria, la ley de medios audiovisuales, la despenalización de calumnias e injurias en casos de interés público o la asignación universal por hijo: profundizar aquellas medidas que Néstor Kirchner no quiso o no supo llevar a la práctica. La próxima cuenta de ese collar se llama Telecom y las opciones en estudio van desde rescindir la concesión por incumplimientos hasta la expropiación por ley del Congreso, mientras se observa con interés la posible fusión de la casa matriz con Telefonica Internacional en Italia, lo cual terminaría cualquier debate.

El uso de las reservas excedentes para proseguir el desendeudamiento es inobjetable. La deuda externa era de 1,6 vez el PIB en 2003, con alta exposición en dólares, y apenas sobrepasa 0,4 vez ahora y con un elevado porcentaje en pesos. Por las reservas inmovilizadas en el Central se reciben intereses menores al 1 por ciento anual, mientras ningún crédito que pueda tomar el Estado cuesta menos del 12 por ciento. Y a partir de la crisis internacional ha desaparecido el financiamiento provisto por el superávit fiscal. No hace falta más para advertir que la oposición a ese Fondo está inspirada por el interés en un negocio financiero a expensas del Estado bobo, como en los años del festival de bonos de Alfonsín, o por la propuesta de ajuste sobre salarios y jubilaciones, como la que aplicó Fernando de la Rúa o la que están discutiendo ahora Grecia, España y Portugal. Esto en la Argentina implica represión, como la que acompañó el final del gobierno de la Alianza o el interinato presidencial de Eduardo Duhalde.

La propuesta del Fobic es coherente con una estrategia general que contradice tres décadas de neoliberalismo que arruinaron al país y fragmentaron su sociedad, pero su aplicación fue chapucera y con altos costos. En noviembre, durante la cita del G-20 en Escocia, Redrado asistió a una conferencia del presidente del Banco de Gran Bretaña, Mervyn King, sobre la independencia de los bancos centrales. Al concluir, uno de los directores del Banco Central argentino que más disintieron con él lo sondeó con impertérrita ironía. “Si nuestro mandato termina en septiembre la independencia es relativa. ¿No te parece que nuestros cargos deberían ser vitalicios, como ocurre con los jueces?”, le preguntó el bromista impasible. Condescendiente, Redrado respondió: “Puede ser en el caso de ustedes, los directores. Pero mi cargo está siempre a disposición del Poder Ejecutivo”. Lo repitió más de una vez ante funcionarios del gobierno, cuyo principal error fue creerle. Pero desde el 29 de diciembre el gobierno disponía de información precisa sobre la maniobra que estaba preparando Redrado. Con menos omnipotencia y más reflexión, ese conocimiento le hubiera permitido ahorrarse el tole tole de enero. Encerrado en el laberinto al que ingresó sin ayuda, el gobierno salió por arriba, como proponía Leopoldo Marechal. En el camino quedó la candidatura de Mario Blejer, sobre la que pueden hacerse dos lecturas: era inconsistente con la profundización que CFK se proponía y hubiera agravado los problemas que ya planteaba Redrado o fue sólo un ansiolítico arrojado a los tiburones de los mercados para que la remoción del chico del mechón rubio no tuviera más costos que beneficios. “Era hasta completar el mandato en septiembre”, dicen ahora en el gobierno. También señalan con crueldad tres rasgos del ex funcionario del FMI: es miedoso y se asustó por el conflicto; es pollerudo y entrometió a su esposa treinta años menor e integrante de la Fundación Libertad en reuniones en las que no correspondía; y está demasiado sometido a las opiniones y los intereses de Eduardo Elsztain. La presidente, Marcó del Pont y el ministro de Economía Amado Boudou trabajan ahora en definir el Consejo Económico que coordinará las políticas del Central con las de Economía. En Brasil también lo integra el ministerio de Planificación estratégica, que aquí no existe, y se llama Consejo Monetario, pero la presidente quiere evitar esa palabra. En Gran Bretaña, el primer ministro fija las metas de inflación y las tasas y el Banco Central se mueve dentro de esa escala. En cualquier caso, está claro que será un instrumento para que el poder electivo opine sobre la autoridad monetaria y no a la inversa. La coordinación no debería ser difícil. Marcó del Pont ya integró junto con Boudou un Consejo Interministerial para el rescate de empresas en crisis, del que también formaban parte Carlos Tomada, Débora Giorgi Aníbal Fernández, Guillermo Moreno y Ricardo Echegaray. Nunca hubo conflictos entre ellos.

La reforma de la Carta Orgánica del Banco, propuesta por Marcó del Pont cuando era diputada, no sería impulsada ahora por el Poder Ejecutivo, que se prepara para el debate de marzo en el Congreso sobre el Fondo del Bicentenario. Pero podría tratarse en junio y julio, de modo que entrara en vigencia en septiembre, al comenzar un nuevo mandato en el Central. Y sobre la reforma a la ley de entidades financieras, trabaja en el Congreso el diputado Carlos Heller. El dictamen en minoría de Prat Gay mencionó el decreto de necesidad y urgencia 1394, de 2008, que dispuso la cancelación total de la deuda con el Club de París, un instrumento vigente del que ni el gobierno ni la oposición parecían acordarse. No es previsible que el Poder Ejecutivo lo revigorice ahora. Aquella movida se frustró porque los miembros del Club de París exigieron la revisión de la política económica argentina por el FMI y CFK no lo aceptó. Una alternativa menos exigente es el denominado Template del G20, una revisión entre pares en la que el FMI sólo actuaría como coordinador. Pero el tipo de información que exige no difiere demasiado de la que pedía el Club de París, por lo cual tampoco parece aceptable.