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¿Por qué convertir al movimiento “Justicia legítima” en una asociación?

–No es fácil conectarse con el mundo desde un estado asambleario. Por ejemplo, ¿quién está autorizado para anunciar las actividades de “Justicia legítima”? ¿Cómo publicamos una solicitada sin tener que pedir plata? Clarín nos pedía 250 mil pesos para publicar, otros diarios 20 mil. Un fiscal ofreció su cuenta para que depositáramos algo ahí, pero ¿cómo lo explicaba patrimonialmente? A nuestras las reuniones de “Justicia legítima” llega gente de otras provincias, quizá hay que pagarles el viaje. Sin ir más lejos, a la reunión en La Plata vinieron indígenas que contaron su problemática: cuando los cita la Justicia en algún conflicto, esperan que vayan a buscarlos con la fuerza pública porque no tienen plata para trasladarse. Para cumplir con estas cosas, poder abrir una cuenta y aportar, mejor ser una asociación.

–¿Ese carácter institucional no atenta contra el espíritu anticorporativo y horizontal que defienden?

–La asociación mantendrá el intercambio asambleario, sin limitaciones ni jerarquías. Vamos a seguir funcionando como un montón de gente loca que hablamos todos al mismo tiempo. El único requisito para participar es ser mayor de 18 años y comulgar con los objetivos de la asociación.

–¿Pero la voz autorizada es usted?

–Sí, soy yo, y otras dos personas, Jorge Auat (titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Procuración), que es el secretario, y Mario Kestelboim (titular de la Defensoría porteña), el tesorero. También hay una comisión directiva que integran Alejandra Gils Carbó (procuradora general), Stella Maris Martínez (defensora general), Alejandro Slokar (juez de Casación), Javier De Luca (fiscal de Casación), Félix Crous (titular de la Procunar), Omar Palermo (juez de la Corte mendocina) y José Massoni (ex camarista y ex titular de la Oficina Anticorrupción). Pero las jerarquías no son reales. A la vez nos articulamos en una red, con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y Abuelas de Plaza de Mayo. No somos sólo gente del sistema judicial.

–¿La idea es desplazar a la tradicional Asociación de Magistrados?

–No pretendemos reemplazarla. Yo sigo siendo socia. Como decía, a los fines prácticos necesitamos asociarnos, no nos podemos mover como un grupo de amigos. Lo importante es que trabajamos juntos y que no actuemos corporativamente.

–¿Cómo fue que se hizo socia de la Asociación de Magistrados? ¿Fue por convicción?

–Fue en 1985. Raúl Madueño (camarista de Casación) era el presidente, me llamó y me dijo: “Usted es funcionaria judicial, tiene que ser miembro de la Asociación”. Así fue. La Asociación es un ámbito de interrelación de todos los funcionarios judiciales, ahí crecí y aprendí mucho. Originalmente era una asociación mutual. Y por ahora, mientras no se aplique la nueva ley de Consejo de la Magistratura, es la única vía para la elección de consejeros jueces. Yo tengo la esperanza utópica de que ceda esta situación de afrenta permanente con mis colegas que creen que estamos perdiendo la república, este nivel de beligerancia tan alto, y cuando volvamos a razonar nos podamos poner a discutir. Siempre pertenecí a sectores que quisieron cambiar las estructuras corporativas, pero siempre fuimos perdidosos. Ahora somos una facción importante como nunca la hubo y nunca vi tanta imbricación con el resto de la sociedad.