La despenalización de la tenencia de estupefacientes no es un rapto súbito del oficialismo y precede largamente al encuentro presidencial con Soros. Fue planteada hace casi una década por la comisión asesora del ex ministro Aníbal Fernández, quien llegó a sostenerlo en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra. La Argentina lo reiteró hace cuatro meses en una presentación conjunta con Uruguay ante la Asamblea General de la OEA, el mes pasado durante la Asamblea General extraordinaria de esa organización sobre el tema y hace dos semanas ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En todos los casos, reclamó que un enfoque de salud pública y derechos humanos substituyera al paradigma derrotista de la llamada guerra contra las drogas, que a lo largo de medio siglo no redujo el consumo pero generalizó la plaga de la violencia y la criminalidad organizada, generando ingente sufrimiento y violaciones a los derechos humanos, minando la estabilidad política y las instituciones democráticas.

La despenalización también fue admitida por la Corte Suprema de Justicia en el fallo Arriola, de 2009, aunque ahora su presidente Ricardo Lorenzetti trate de borrar con los codos político y mediático lo que escribió la mano jurídica del tribunal por el voto unánime de sus miembros. Con ocasión de la conferencia de jueces que presidió en Mar del Plata, Lorenzetti hundió el nivel del debate en la más oscura de las profundidades: “No se puede pensar que se va a vender droga en un kiosco o que se podrá tomar cocaína, y a la vez se prohíbe fumar; me parece un mensaje contradictorio”. ¿Será necesario recordar que el Estado sólo prohíbe fumar en lugares públicos, para proteger a las personas que no quieren que les arruinen la salud fumándoles encima? Uno de los proyectos preparados por el secretario de prevención de la drogadicción, el cura patagónico Juan Carlos Molina, despenaliza la tenencia de estupefacientes. Su redacción tiene dos versiones. La primera, sólo pena la comercialización. La segunda deja a salvo de castigo el consumo personal e incurre en la riesgosa aventura de cuantificarlo: hasta 6 plantas o 50 gramos de marihuana, hasta 5 gramos de cocaína, hasta 10 de ácido lisérgico y de éxtasis, lo cual no modificaría el esquema represivo, sólo obligaría a policías y jueces a extremar la creatividad. Otros dos proyectos también regulan la publicidad de medicamentos y bebidas alcohólicas que, como lo muestran todas las investigaciones cuantitativas realizadas a lo largo de muchos años, provocan mayor cantidad de internaciones y muertes que las drogas hasta hoy ilegales. De aprobarse, será prohibida toda publicidad de bebidas alcohólicas, su promoción en lugares destinados a menores de 18 años o vinculados al deporte, o con personas públicas o deportistas y el uso de imágenes de personas, situaciones de la vida cotidiana, espacios naturales y animales. La publicidad sólo indicará la clase de bebida, la marca comercial y las especificaciones técnicas sobre su elaboración y no podrá dirigirse a menores de 18 años. Los denominados “medicamentos de venta libre” pasarán a llamarse “de venta sin prescripción médica”. Su publicidad, promoción y patrocinio, en forma directa o indirecta, a través de cualquier medio de difusión o comunicación, quedará prohibida. Sólo podrá realizarse dentro de las farmacias, con información técnica sobre el fármaco y emergencias toxicológicas. Tampoco se permitirá el auspicio de sociedades científicas a los medicamentos, en cuyos envases y prospectos se deberán incorporar los nombres genéricos, en una tipografía de mayor tamaño y realce que el nombre comercial. La prohibición se extiende a los suplementos y complementos energéticos destinados a mejorar el rendimiento, cuya comercialización deberá ser autorizada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), y a la publicidad de alimentos reforzados con diferentes componentes. Las multas que se recauden por aplicación de estas leyes serán destinadas al Plan Recuperar Inclusión de la Sedronar. Quince curas de la pastoral villera del Arzobispado porteño, encabezados por el notorio Pepe Di Paola, quien se atribuyó expresar el pensamiento del papa Francisco, objetaron la despenalización en una carta dirigida a la presidente. Dijeron hablar en nombre de las chicas y los chicos pobres consumidores de paco y otras sustancias, huérfanos de amor, y vínculos. Estos sacerdotes asocian adicción con marginalidad y pobreza y en lugar de la despenalización recomiendan una presencia inteligente del Estado, en que la prevención pase por la inclusión social y el acceso a la propiedad de la tierra y la vivienda, como si fueran caminos excluyentes. Creen que la despenalización dejará la educación de los chicos “en manos de los grupos que cantan su apología a la droga y al delito” e instalará la idea de que las drogas no hacen tanto daño. En una contradicción insoluble dicen que no se debe “criminalizar al usuario de drogas”, en el mismo texto en el que se oponen a la reforma de las leyes que lo ordenan. Antes de ello, dicen, sería mejor poblar el territorio de Centros Preventivos Locales de las Adiciones y Casas Educativas Terapéuticas, que es lo que está haciendo la Sedronar. Antes de despenalizar “habría que hacer 1500 CePLAs y 500 CETs”, agregan. La respuesta no provino del Poder Ejecutivo sino del Grupo de Sacerdotes en Opción por los Pobres, que reúne a medio millar de curas de todo el país. En apoyo de Molina dijeron que todo proyecto que afecte intereses provocará resistencia. “Nos parece que el tema es urgente y que este sí es momento de debate: ¿Si no cuándo? La Sedronar viene pidiéndolo desde febrero sin resultados. Es evidente que en estas condiciones, el único criminal es la víctima. Por otra parte el Papa Francisco puede opinar si quiere sobre el tema por sus propios medios. Será una opinión calificada, pero una más entre las muchas voces que debemos escuchar para encontrar caminos de protección del pobre, de lucha por la vida y de criminalizar a los verdaderos criminales”.