Con notoria influencia del proceso político boliviano y manifiesta admiración por Evo Morales, la Tupac Amaru celebra todos los años, siempre en agosto, la festividad espiritual y de recuperación cultural de la Pachamama, en la que se hacen ofrendas a la madre tierra, enterrando todo aquello que los comuneros quieren que les dé en el año. También cultivan la ceremonia del carnaval coya, con un ritual que dirige una experta boliviana invitada por Milagro, en la que se desentierra un diablo y durante una semana todos los excesos alcohólicos están permitidos, hasta que el sábado siguiente vuelve a enterrarse el diablo. Este año la celebración fue escueta, porque coincidió con la privación ilegítima de la libertad de Milagro. La otra fecha clave es el Día del Niño. En el reparto de juguetes de 2007 participó el contador Morales, que tenía cordiales relaciones con la “organización mafiosa” que ahora denuncia.

Además de dar trabajo y levantar viviendas, escuelas, centros culturales, bibliotecas y pequeñas fábricas, la Túpac reconstruyó la autoestima del pobrerío colla, con edificios y símbolos: piscinas en cada barrio, un parque acuático de la magnitud del Parque Norte porteño para que los chicos atisben que una vida digna es posible; una réplica del templo de Kalasasaya, del Tiwanacu boliviano, donde las estatuas de Túpac Amaru y de su esposa, Micaela Bastidas, presiden las ceremonias espirituales de los pueblos originarios; una pileta cubierta climatizada con equipamiento que permite el acceso a discapacitados en sillas de ruedas. Morales pretende que con la segunda detención de Milagro las agujas de ese reloj de progreso social e integración giren en sentido contrario. Para ello cuenta con una fuerza judicial de tareas que ejecuta sus decisiones. En cuanto asumió la gobernación suspendió la entrega de fondos para continuar con las obras. La Tupac le solicitó una audiencia y el 14 de diciembre ocupó con carpas y familias la plaza Belgrano, frente a la gobernación, a la espera de una respuesta. El 17, Morales dispuso un reempadronamiento obligatorio de las cooperativas y de los planes de asistencia social, que debía concluir el último día del año. El 12 de enero, en un nuevo decreto, lanzó un ultimátum perentorio: las personas y organizaciones que a partir de la 0 hora del 14 de enero permanecieran en el acampe serían excluidas de los planes y programas sociales, adjudicación de lote o vivienda, y/o plan o programa de viviendas. También denunció a Milagro Sala por “alzamiento contra una resolución o ley”. Pero el decreto 195 contra el que se habrían alzado los tupaqueros recién fue publicado en un anexo del Boletín Oficial del 8 de enero de 2016, aunque lleva firma del 17 de diciembre. Es imposible alzarse contra lo que no existe. El propio fiscal de Estado que cumplió la orden del gobernador dijo que el alzamiento habría sido contra el plan “que se anunciará próximamente”. Como el fiscal Darío Osinaga no encontró que hubiera delito, el gobierno provincial lo denunció por “omisión, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”. Morales también anunció que quienes siguieran en la plaza deberían pagar una multa de 100.000 pesos. La amenaza fue exitosa: de 800 cooperativas, se reinscribieron 650. La recompensa aún no se ve: hasta ahora sólo nueve de esas cooperativas recibieron trabajos de refacción de escuelas. A los leales intenta quebrarlos por inanición, a los que no pudieron resistir la extorsión les esperan la indiferencia y el desdén históricos.