Aliado con el macrismo y con la fracción que Sergio Massa desgajó del justicialismo, Morales asumió la gobernación a las seis de la tarde del 10 de diciembre. En su discurso inaugural anunció que se proponía “profundizar la independencia del Poder Judicial” (sic). El 11 convocó a sesiones extraordinarias y a mediodía envió a la Legislatura el proyecto de ampliación del Superior Tribunal de Justicia, de cinco a nueve miembros, para generar “resultados óptimos”. El 15 la Legislatura lo convirtió en ley por 25 a 21, es decir con la oposición del Frente para la Victoria, pese a que el contador Morales pretende que acompañó la ampliación. Entre los 25 votos afirmativos estuvieron los de los diputados radicales Pablo Baca y Beatriz Altamirano. El 16, Morales designó para integrar el tribunal a los mismos Baca y Altamirano, al ex candidato radical a la vicegobernación Federico Francisco Otaola y a su amiga la jueza Laura Lamas. El 17 a las 10 de la mañana, Baca y Altamirano presentaron su renuncia a la Legislatura, Baca en papel con membrete del bloque radical y ambos con sus sellos como diputados por la UCR. A las diez de la noche se presentaron ante la Comisión de Asuntos Constitucionales, que no había sido integrada por la Legislatura al renovarse los diputados como exige el reglamento. Sin embargo, fue formada de facto por siete diputados del oficialismo. Ni siquiera a ellos les enviaron los antecedentes de los nuevos jueces. Baca argumentó que no era necesario dado que eran muy conocidos por todos. A las 3.36 de la madrugada la Legislatura les dio el acuerdo y asumieron sus cargos ocho horas después, a mediodía del viernes 18. Para lograr que Jujuy tuviera una justicia express, la más rápida del país, se violaron todos los plazos reglamentarios, con sesiones convocadas el domingo 13 a la noche, sin la mayoría calificada necesaria para abreviar los términos en caso de urgencia, que nadie siquiera intentó fundamentar. Por ejemplo, antes de que un proyecto pase a la comisión correspondiente, el reglamento dispone que deben transcurrir siete días hábiles para que los diputados puedan formular observaciones al giro dispuesto para los expedientes, más otros tres días hábiles para responder a esas objeciones. Este plazo de dos semanas calendarias se redujo a un par de días, en demostración del decisionismo del contador Morales.

La Constitución de Jujuy fue tan maltratada como el reglamento de la Legislatura. Su artículo 152 obliga a que cuando se traten proyectos de ley vinculados con la administración de Justicia, los otros dos poderes requieran obligatoriamente la opinión del Superior Tribunal “durante la elaboración del proyecto”. Morales se limitó a enviarle el proyecto de ampliación ya elaborado y no lo modificó pese a la objeción que le enviaron cuatro de sus cinco miembros. Según José Manuel del Campo, Sergio González, María Silvia Bernal y Sergio Jenefes (todos ellos justicialistas) para la designación de nuevos integrantes del cuerpo debería seguirse un procedimiento de impugnaciones y audiencias públicas como el que rige en la Nación. Como fundamento citaron al propio contador Morales, cuando envió el proyecto de selección de funcionarios judiciales por concurso, para “evitar que el amiguismo o el compromiso político sean las razones que determinen la elección y designación de los miembros del Poder Judicial, a fin de que lo que se evalúe sea la capacidad, idoneidad, valores morales de los concursantes, así como el respeto por las instituciones”. Sabían de qué hablaban: Del Campo es pariente y amigo del ex gobernador Eduardo Fellner, González integró su Tribunal de Cuentas, Bernal fue su fiscal de Estado y Jenefes es hermano de su vicegobernador Guillermo Jenefes. En cambio, la ex diputada radical Clara De Langhe de Falcone, nominada para integrar el tribunal por Morales cuando era jefe de la oposición, y elegida para presidirla por sus pares en cuanto se conocieron los resultados electorales, respondió que le parecía la mejor idea posible. Para ella sin dudas lo es: una vez votada la ampliación la Legislatura sancionó otro proyecto del Poder Ejecutivo que dividió al tribunal en salas de dos miembros cada una, pero todas presididas por ella. Como presidente del cuerpo, la ex diputada radical integrará las salas penal, civil, contencioso administrativa y laboral. Su disposición es absoluta. El 24 de febrero le confesó al diario El Tribuno que “el gobernador me llamó y me dijo que en agosto tengo que tener todos los juzgados en movimiento”. También defendió la detención de Milagro Sala, dispuesta por el padre de sus nietos, porque “la sociedad opina que esto no podía seguir. Había un gobierno paralelo y esta situación se dio por la ausencia del Estado”. Algo es cierto: nunca el Estado estuvo más presente que ahora, para violar los derechos y garantías fundamentales y convertir a la cabeza del Poder Judicial en una dependencia a cargo de la protocolización de los actos del contador Morales.