Las demandas de la ex presidente CFK contra periodistas y diputados que formularon acusaciones temerarias en su contra no son el mejor camino para quien ocupó la máxima posición institucional durante ocho años, durante cuyo transcurso cumplió con la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y despenalizó los delitos de calumnias e injurias en casos de interés público. La ley dictada en 2012 como culminación del caso Kimel suprimió la sanción penal y dejó abierto el camino para las acciones civiles por daños, pero con las condiciones que fija la vasta jurisprudencia en materia de libertad de expresión consolidada por numerosos pronunciamientos de los sistemas americano y europeo de protección de los derechos humanos. Cristina ya no es funcionaria y se declara cansada de que digan cualquier cosa de ella y de sus hijos. Pero haber salido del gobierno no la convierte en una persona privada, ya que se debaten actos de interés público realizados cuando lo presidía. Quienes lo señalan son o legisladores en ejercicio de sus funciones o periodistas que ejercen la libertad de expresión, un derecho indispensable para la existencia de una sociedad democrática, según aquella jurisprudencia. Esto no cambia por el carácter burdo y malintencionado de las diatribas que padece, ya que los principios y derechos se defienden aun cuando su ejercicio sea repugnante, porque está en juego el interés colectivo superior de proteger un debate político robusto y desinhibido. En el caso de informaciones falsas, la Convención Americana de Derechos Humanos contempla el derecho de réplica o rectificación, que puede ser exigido judicialmente. Pero ni eso le hace falta, ya que con más de cuatro millones de seguidores en Twitter, las respuestas de Cristina tienen asegurada una audiencia superior al rating de quienes la insultan y en consecuencia no es preciso que recurra a los juicios por daños ante los tribunales civiles. Que sus descargos no impidan que se tergiverse la realidad y se manipule a la opinión pública es una cuestión preocupante, pero no tiene remedio judicial sino político. Además la denuncia de la ostensible coalición judicial-mediática en su contra no es compatible con el recurso a la justicia para combatirla. Lo acaba de experimentar su hija Florencia, quien pidió que se abrieran de inmediato sus cajas de seguridad para terminar con lo que llamó el circo mediático, y sólo consiguió que desde el juzgado se filtraran las fotos de los dólares a todos los medios, que los presentaron como si fueran el fruto de un robo. Lo mismo ocurrió con los fondos que cooperativistas jujeños cobraron por ventanilla en un banco de esa provincia. Ponerse en manos de esos jueces tendenciosos, cuyas decisiones serán difundidas por “el periodismo de guerra” que practica Clarín, según reconoció a La Izquierda Diario su editor Julio Blanck, sólo agravará el cuadro sobre el que intenta actuar. Por último, la elección como vocero de un payaso mediático, que castiga diales y pantallas con lenguaje vulgar y metáforas procaces, es un error incomprensible. Ahora ha comenzado a formular definiciones políticas en nombre de su clienta, a la que confina como una atracción morbosa a los programas de chimentos de la tarde. “Si la meten presa, solo van a conseguir que sea la próxima presidenta”, acaba de decir, mientras la militancia anhela algún indicio sobre qué se propone hacer. Que estos sean el mensajero y el tenor de la comunicación es ofensivo para quienes esperan otra calidad humana y política de su liderazgo.