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Al cierre de esta edición, el centenar de detenidos por los disturbios de Plaza de Mayo continuaba privado de su libertad, en su mayoría en la Superintendencia de Investigaciones de Villa Riachuelo. Según lo estableció el fiscal de instrucción Alejandro Molina Pico, que intervino primero y ordenó la represión, están acusados de “atentado y resistencia a la autoridad, daño agravado e intimidación pública”. Como este último es un delito de jurisdicción federal, el juez de ese fuero Juan José Galeano se hizo cargo de la investigación de los hechos, con la intervención del fiscal Carlos Stornelli. La imputación por “intimidación”, un delito no excarcelable, podría dejar a los manifestantes por mucho más tiempo en prisión. Durante la tarde, Stornelli habría estado analizando las pruebas antes de decidir a quiénes tomaba declaración indagatoria y a quiénes libera. La abogada María del Carmen Verdú afirmó que entre los detenidos hay por lo menos 7 menores. La letrada comentó que “cada vez se agrava más la situación de quienes ejercen la protesta social porque antes los acusaban del ‘combo’ atentado contra la autoridad, daño y lesiones pero podían salir en libertad, y antes aún se resolvía todo con una averiguación de antecedentes”. Molina Pico había ordenado a autoridades policiales y del Ministerio del Interior que hicieran “cesar de inmediato” los “efectos de los delitos” que se estaban cometiendo.