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Al igual que durante la represión a la manifestación frente a la Legislatura, ayer tuvieron especial protagonismo los policías de civil. A simple vista, cualquier transeúnte pudo notar la numerosa presencia de efectivos sin identificación ni uniforme, quienes realizaron la mayoría de las detenciones. “Esto es absolutamente ilegal”, afirmó el abogado del CELS Diego Morales. El letrado explicó a Página/12 que esto lo establece el propio estatuto de los funcionarios policiales. “Es esencial que estén identificados no sólo para poder hacer un control previo, es decir, poder avisarles si alguien necesita que acudan ante determinada situación, sino para poder ejercer un control posterior de su accionar, en caso de que se ‘excedan’, como ocurrió en diciembre de 2001”, comentó Morales. De hecho, quienes investigan aquella masacre tienen grandes dificultades para identificar a los policías que dispararon y sólo en Capital asesinaron a seis personas. Tras aquellos hechos, el CELS y otros organismos de derechos humanos lograron que el poder político pusiera más énfasis en la obligatoriedad de la individualización de los uniformados. En el orden del día de la Policía Federal del 19 de diciembre de 2002 y de 2003 se reiteró esa disposición, por directiva expresa del Ministerio de Justicia, porque lo contrario “viola principios básicos sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”.