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Horacio Rosatti, ministro de Justicia: “(El Gobierno) profundizará las investigaciones para que los funcionarios involucrados en ocultar la verdad tengan el castigo correspondiente, asumiendo siempre que estamos dentro del Poder Ejecutivo. No somos quienes tomamos las resoluciones de fondo, pero podemos contribuir a que la verdad aparezca. Sería muy imprudente abrir un juicio de valor en torno de los primeros items de la sentencia, pero se puede decir que el Gobierno asume que la resolución de ayer es un punto de partida y no un punto de llegada”.
Melchor Cruchaga, ex diputado integrante de la Comisión de Seguimiento: “Estoy sorprendido por el tema. Me parece absurda la imputación. ¿Cuál era la acción concreta que tendríamos que haber hecho? El dato concreto del robo y el contenido del video lo estaba analizando el juez, porque es una función jurisdiccional que no corresponde a los legisladores”.
Pablo Jacoby, abogado de Memoria Activa: “Estoy muy triste. Son 10 años (del atentado) y los familiares se miran a la cara y dicen: estamos peor que el primer día. Pero estos jueces iniciaron el camino para terminar con la impunidad. La posibilidad es débil, pero hay muchas pistas para seguir. Espero que se separe la paja del trigo y se vaya más allá de estas pavadas que se inventaron de la conexión local, que se avance en lo que verdaderamente importa, que son los autores materiales, ideológicos y financieros. El Estado argentino o lo hace bien o se inmola”.
Jorge Kirszenbaum, titular de la DAIA: “Estamos en estado de shock y consternados. Al declarar nula el acta de investigación de 1995 se recogió lo que sospechábamos y temíamos, que es la tesis conspirativa de la historia oficial”.
Diana Malamud, integrante de Memoria Activa: “La historia oficial comenzó cuando todo se hizo en forma irregular, una burla a la sociedad argentina de cómo se mueve la Justicia. Hubo mucha ineficacia e inoperancia por parte del Estado: acá esta metida la SIDE, (Carlos) Corach, la dirigencia comunitaria, los fiscales”.
Israel Singer, presidente del Congreso Judío Mundial: “Es un ejemplo de desprecio por el derramamiento de sangre. El fallo se ha producido después de diez años de inacción por parte de sucesivos gobiernos argentinos, un ineficiente sistema judicial y falta de cooperación entre las democracias del mundo y la Argentina pese a las afirmaciones en contrario, incluyendo a los Estados Unidos”.
Aníbal Ibarra, jefe de Gobierno de la Ciudad: “El fallo equivale a otro atentado que dejará heridas muy difíciles de sanar, reafirma el sentimiento de vergüenza y frustración e incrementa la impunidad histórica reinante en la Argentina. Que el Estado no sea capaz de llevar adelante una investigación para encontrar a los responsables de un ataque de tal magnitud perjudica a las instituciones en su conjunto”.