Adjetivos contrapuestos aparecen en las evaluaciones que hacen los expertos sobre el fallo de la Corte Suprema acerca del estado del Riachuelo. Todos concuerdan en que se trata de una resolución “avanzada” y a la vez “retrasada”. La explicación: consideran que la sentencia del máximo tribunal es avanzada en lo jurídico, pero temporalmente retrasada. Los consultados indicaron que “protege el derecho ambiental”, al tiempo que lamentaron que “la demora lo aleja del sentido de justicia”.

Alfredo Alberti es presidente de la Asociación de Vecinos de La Boca, que desde hace años levanta el reclamo por la contaminación del Riachuelo. “Nos es de sumo agrado que la Corte introduzca todo su potencial en este tema. Aunque sea con tardanza, pero que lo haga, porque ya hacía dos años que tenía la demanda en su poder y no tomaba una decisión. Ahora parece que el tema está de moda y es importante”, expresó ante Página/12.

“También rescatamos la importancia de que además de convocar al Estado de la provincia, al de la ciudad y al de la Nación sean llamadas las empresas”, afirmó. Pero no todo es tan claro para Alberti: “No entendemos por qué los pedidos de indemnizaciones de parte de los particulares son vueltos a primera instancia”, criticó.

Para Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, “es un fallo bastante avanzado, orientado a la recomposición del ambiente. Es interesante porque en la audiencia que plantea, a la que deberán acudir los tres estados y las 44 empresas demandadas, no se podrá afectar el derecho ambiental”.

A partir de la sentencia, “la Corte reconoce que el ambiente es un bien jurídico colectivo que no puede ser negociado ni transado y que va a ser el piso a partir del que se discuta en la audiencia de septiembre. El derecho ambiental es un derecho humano, es el derecho a un ambiente sano y equilibrado y forma parte de la Constitución nacional desde la reforma de 1994. Se trata de cuestiones que afectan a todos; es por eso que en este juicio se juega algo que va más allá de las personas directamente involucradas y que firmaron la demanda. Y, por otro lado, la Corte separa la cuestión de los posibles resarcimientos económicos por daños como consecuencia de la contaminación”, afirmó.

Viale anota del lado del debe: “Es una pena que la demora aleje al fallo del sentido de justicia que quiere lograr”.