El gobierno porteño pidió a la Prefectura Naval (PNA) que impida el ingreso a la ciudad de Buenos Aires de un cargamento de uranio, que debe ser trasladado desde el puerto metropolitano a Córdoba. El pedido a la PNA fue efectuado por el jefe de Gobierno de la ciudad, Jorge Telerman, a través del Ministerio del Interior, respecto de nueve contenedores con uranio natural cargados en el buque BBC Chile, de bandera de Antigua y Barbuda. El mandatario porteño solicitó a la Prefectura que “arbitre los medios necesarios para impedir la circulación de esa carga por la ciudad”. Si bien el gobierno metropolitano no tiene jurisdicción sobre el puerto, para llegar a Córdoba por tierra el uranio debería circular obligatoriamente por territorio porteño, lo que sería inconstitucional. En un comunicado, el gobierno local recordó que el artículo 26 de la Constitución porteña prohíbe “la elaboración, el transporte y la tenencia de sustancias y residuos radiactivos” en su jurisdicción. La Comisión Nacional de Energía Atómica aseguró que se trata de “un mineral y no de residuos radiactivos”, por lo que su transporte como elemento destinado a la industria nuclear es “legal”. La CNEA indicó que el uranio será usado en las centrales de Atucha y Embalse.