“Este tipo de análisis ayuda a los chicos (apropiados) a salir del paso. Es una gran solución para la negativa de los jóvenes que fueron ‘educados’ para evitar estas situaciones. Yo sé que en el fondo (Guillermo Gabriel Prieto) quiere conocer su identidad”, dijo María Isabel Chorobick de Mariani, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, al conocer el fallo de la Cámara Federal. Alcira Ríos, abogada de la posible familia biológica, explicó que en estos casos “los derechos de los chicos terminan donde empiezan los de los familiares de los desaparecidos”. “Está muy bien el fallo. Ahora se puede obtener ADN por medios que no los afectan a nivel de su persona. Negarse a esto es obstrucción de la Justicia y encubrimiento de crímenes de lesa humanidad”, advirtió. Luciano Hazan, abogado de Abuelas, explicó que hasta hace un tiempo, cuando un juez ordenaba la extracción de sangre “se requería una comportamiento activo del joven, envuelto en la culpa por estar sospechados quienes lo criaron”. “Con los allanamientos –sostiene– el Estado se hace cargo: el joven no tiene que lidiar con todo eso ni se afecta su integridad física. La finalidad es hacer cesar un delito que se comete desde hace treinta años”. “El fallo sienta un precedente importante y enfrenta la obligación internacional”, concluyó.