El Estado argentino se comprometió a reformar el sistema de justicia militar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a partir de la denuncia presentada por el ex capitán Rodolfo Correa Belisle, representado por el CELS, detenido por haber declarado contra sus superiores por el crimen del conscripto Omar Carrasco. El proyecto impulsado por el Ministerio de Defensa significa la derogación del Código de Justicia Militar, lo que implica:

- La eliminación del fuero militar para el juzgamiento de delitos cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas. Es decir que los militares serán juzgados como cualquier ciudadano sin uniforme. En los juicios por violaciones a los derechos humanos es común que los acusados reclamen ser remitidos a los tribunales militares, aunque la jurisprudencia hace rato indica que es la Justicia federal la encargada de llevar a cabo esas investigaciones.

- La eliminación de la pena de muerte en el ordenamiento jurídico argentino que, aunque sin uso, se mantiene en el ámbito militar.

- La eliminación del castigo de la homosexualidad dentro de las Fuerzas Armadas.

- El rediseño de sistema disciplinario: están previstos cinco tipos de sanciones: apercibimiento, multa, arresto simple, arresto riguroso y destitución. Una falta leve podrá ser sancionada con apercibimiento, cinco días de arresto o una multa de hasta diez días de sueldo. Una falta grave, puede implicar sesenta días de arresto o 30 días de sueldo. Una falta gravísima será sancionada con la destitución. En relación con la multa, el Código contempla “la prohibición de afectación de la capacidad de subsistencia económica del sancionado y su familia” y por lo tanto “la posibilidad de que se pueda autorizar su pago en cuotas”.