“Está muy bien que ahora esté todo dado para que la Corte Suprema anule los indultos a represores. Lástima que se haya tardado tanto. Varios de nosotros fuimos los que en 1989, apenas salieron los decretos de Menen, pedimos a la Justicia que los anulara y no lo conseguimos. En todos estos años se murieron 14 padres de desaparecidos a los que yo representaba y que no pudieron ver Justicia”, dijo Pablo Llonto, uno de los abogados querellantes en la causa sobre los crímenes en Campo de Mayo, en la que el máximo tribunal analiza la validez de los indultos a represores. “Igual –insistió– más vale tarde que nunca.”

El abogado Rodolfo Yanzón, otro de los querellantes, reivindicó: “Hace mucho que venimos reclamando la inconstitucionalidad de los indultos por ser crímenes de lesa humanidad, que no pueden ser amnistiados ni perdonados y ahora la Corte está en condiciones de expedirse por primera vez”. “Ese tribunal también podrá hacerlo en la causa del Juicio a las Juntas, en la que recientemente la Cámara Federal declaró inconstitucional el beneficio a los ex comandantes. Sería un paso importante por tratarse de represores ya condenados”, agregó.