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Si bien las leyes argentinas prohíben que un menor de edad pueda ser parte querellante en una causa penal, ayer la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal hizo una excepción. El caso lo ameritaba, porque el menor fue abandonado por sus padres y concurrió a la Justicia para denunciar que era víctima del delito de corrupción sexual. Los jueces decidieron entonces que como “no existe virtualmente representación legal a la que acudir”, impedirle al niño que pueda actuar en el proceso penal “constituye un exceso que debe ser resuelto por vía de excepción”.

La resolución fue tomada por la Sala VI del tribunal mencionado. Se trata de un “chico de la calle que se encuentra en una situación de abandono material y moral”, sostuvieron los camaristas Julio Lucini y Luis Bunge Campos. Los camaristas también señalaron en su fallo que durante el proceso el damnificado y querellante será asistido por la abogada Noris Pignata, del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes porteña.

Lucini y Campos reconocieron que al niño “le estaría, en principio, vedada la posibilidad de constituirse en parte querellante, debiendo asumir tal rol su representante legal”, es decir, sus padres o tutores. Por eso, más allá de hacer la excepción, dejaron abierta la posibilidad “de que sus progenitores asuman el rol de querellantes en el futuro”.

En el fallo, se invoca la Convención sobre los Derechos del Niño, incorporada a la Constitución Nacional en la Reforma de 1994, como respaldo para asegurar el proceso mediante la excepción.

Por otra parte, los camaristas destacan que el niño está siendo asistido por “el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que viene procurando el cuidado y la protección del denunciante”.