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La cruzada contra los prostíbulos llegó a la ciudad de Buenos Aires. La Procuración General de la Nación pidió que se allanaran y clausuraran 41 prostíbulos, entre locales a la calle y “privados” porteños, donde –según detectó– se explota sexualmente a mujeres, algunas de las cuales podrían ser víctimas de trata. Una investigación preliminar de la Unidad Fiscal Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas del organismo (Ufase) verificó que varias líneas telefónicas de distintos sitios tienen el mismo titular. Cada burdel registra en promedio más de cuatro causas judiciales por infracción a la ley 12.331, que prohíbe la administración, sostenimiento y regenteo de “casas de tolerancia”. Pero siguen funcionando. Para algunos inmuebles hay hasta 14 denuncias: llamativamente todas fueron archivadas, lo que demostraría una fuerte resistencia del fuero correccional a perseguir estos delitos. Varias de las pistas que permitieron a la Ufase corroborar sus sospechas sobre la actividad en esos lugares surgieron de foros virtuales de clientes de prostitución.

La denuncia de la Ufase, con el pedido de los allanamientos y clausura de los prostíbulos porteños recayó en la Fiscalía Correccional N 7 a cargo de Edgardo José Orfila. Fue realizada el 7 de enero. El número de la causa es C0727529. El fiscal todavía no realizó ningún procedimiento. “Estamos en plena investigación. Si se determina que hay una organización detrás de cada uno de los lugares como último paso se pedirá la clausura”, dijo Orfila a este diario. La Ufase hizo otra denuncia en La Rioja (ver aparte). En Tucumán, en octubre, la Fundación María de los Angeles Verón, encabezada por Susana Trimarco, la madre de Marita, realizó una presentación similar a nivel administrativo y penal en la que pidió el cierre de trece prostíbulos identificados en la capital provincial. La Justicia clausuró 14 lugares donde se explotaría la prostitución ajena, pero luego fueron reabiertos, contó a Página/12 el abogado de la ONG, Carlos Garmendia.

En agosto, el procurador general, Esteban Righi, instruyó a los fiscales de todo el país a allanar las llamadas casas de tolerancia, para clausurarlas. Y dispuso identificar y enjuiciar a los funcionarios encubridores.

Para el fiscal Marcelo Colombo, titular de la Ufase y quien encabezó la investigación preliminar en el ámbito porteño, las pruebas reunidas hasta el momento son “suficientes como para fundar una imputación por infracción al artículo 17 de la ley 12.331 y solicitar las medidas jurisdiccionales correspondientes”, según se precisa en la denuncia a la que tuvo acceso este diario. El 17 de la 12.331 reprime y prohíbe poseer y regentear burdeles. Pero existe en el fuero correccional porteño bastante resistencia –como se observó también en Mar del Plata– a aplicar la normativa. La Ufase encontró que los 41 prostíbulos acumulaban un promedio de cuatro denuncias cada uno, las cuales en todos los casos habían sido cerradas y archivadas, sin condenados. De hecho, hay una avanzada en la Justicia de la ciudad de Buenos Aires para avalar el negocio de los prostíbulos: el 19 de agosto la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, en el marco de la causa “Rojas, Isabel y otros s/ procesamiento, declaró la inconstitucionalidad del artículo 17 de la ley 12.331. La sentencia fue recurrida ante la Cámara de Casación y se espera que el tribunal pronto se pronuncie (ver aparte).

Además de la denuncia al fuero correccional, la Ufase derivó otra a la Justicia federal ante la sospecha de que en siete de los 41 sitios identificados además hubiera mujeres víctimas de trata.

La Ufase inició la pesquisa sobre los prostíbulos a partir de la presentación que hizo el 15 de diciembre en la Procuración General de la Nación Fernando Vera, titular de la Fundación La Alameda, y representantes de otras entidades que luchan contra la trata, con el apoyo de legisladores nacionales y porteños de distintos bloques y de más de un centenar de organizaciones sociales. Esa denuncia incluía un listado con 645 referencias en la ciudad de Buenos Aires donde supuestamente se explotaría la prostitución ajena, entre ellas lugares físicos, teléfonos, páginas de internet, nombres de fantasía de mujeres y de sitios en los cuales se publicita la oferta sexual, que había sido elaborada con información extraída de avisos clasificados en diarios, volantes y papeles distribuidos en la vía pública e información obtenida de vecinos que se acercaron a las ONG. La Ufase depuró el listado y descartó alrededor de trescientas referencias: según indicó Colombo, estaban incompletas o repetidas. Otros 247 casos que tenían una línea telefónica y un domicilio están bajo investigación en la Procuración a fin de confirmar, uno a uno, el ejercicio de la prostitución en ellos y si es individual –lo que no está penalizado– o bajo regenteo.

Finalmente, la Ufase se quedó con 41 sitios, donde tendría probado, preliminarmente, que se explota la prostitución ajena. “La existencia de dos o más mujeres ejerciendo la prostitución en el mismo lugar requiere casi como presupuesto una organización bajo modalidades subsumibles en el artículo 17 de la ley 12.331 (sólo se nos ocurre como excepción algún extraño caso de “cooperativa” para compartir costos, que en la experiencia de esta Unidad no se ha presentado hasta ahora)”, dice la denuncia en manos de la Fiscalía Correccional N 7.

Además de Vera, de La Alameda, firmaron la denuncia que dio origen la pesquisa de la Ufase Mercedes Inés Assoratti (por el Programa Esclavitud Cero), Fabiana Túñez (por la Asociación Civil Casa de Encuentro), Sara Torres (por la Coalición contra el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños) y la diputada por la Coalición Cívica Claudia Fernanda Gil Lozano, entre otras personas.