I. M. tiene 32 años y es madre de seis hijos. Padece artritis reumatoidea. Vive en un barrio humilde de la ciudad de Paraná. Pidió una ligadura de trompas en el Hospital San Roque, de la capital provincial, y lo único que ha encontrado hasta ahora son obstáculos, como les sucede a muchas otras mujeres en Entre Ríos. Cuatro veces le asignaron un turno, cuatro veces la internaron para hacerle la intervención, pero a las pocas horas le dieron el alta, sin realizarle la práctica solicitada, planteándole que volviera a los dos días según está asentado en su historia clínica. Le dicen que no hay cama, que no hay ropa, que el anestesista está ocupado, relató la mujer. “Su caso refleja las múltiples trabas que deben enfrentar las mujeres en Entre Ríos para acceder a la anticoncepción quirúrgica”, denunció a Página/12 la obstetra Carolina Comaleras, representante en la provincia del Consorcio Nacional por los Derechos Sexuales y Reproductivos, que coordina, entre otras especialistas, la epidemióloga Mabel Bianco, de FEIM.

En el gobierno provincial reconocen que los médicos en distintos hospitales públicos no priorizan la realización de ligaduras y, lo que es peor, ni siquiera conocen la ley a pesar de que está vigente en el país hace cuatro años. En algunos hospitales, detectó el Conders, exigen a las mujeres hasta una consulta previa con una psicóloga.

No ayuda a garantizar en Entre Ríos el acceso a la anticoncepción quirúrgica las recientes declaraciones de la subsecretaria provincial de Promoción y Prevención de la Salud, Fabiana Leiva, quien dijo a la prensa que las ligaduras y vasectomías se hacían previo dictamen judicial, tal como informó Página/12 en su edición del 8 de abril.

Comaleras trabaja en el centro de salud de la periferia de la ciudad de Paraná, donde atiende a I. M. La obstetra está siguiendo personalmente su caso. Hay otros similares. “Cuesta mucho que los médicos hagan ligaduras en el sector público”, señaló. Una de sus pacientes en el centro de salud es Patricia. Tiene 27 años, vive de la mendicidad, y acaba de parir a su hijo número doce. “Pidió ligarse las trompas en el San Roque con el embarazo anterior, pero no le dieron bolilla y volvió a quedar embarazada. En junio tuvo a su hijo menor. Para conseguir que le hicieran la ligadura tuve que ir directamente a hablar con el jefe del servicio. Finalmente, se la hicieron”, contó Comaleras. La hija mayor de Patricia tiene 14 años y un hijo de poco más de un mes.

Desde mayo, integrantes del Conders están esperando una audiencia con el ministro de Salud y Acción Social de la provincia, el abogado Angel Giano, para informarle puntualmente del caso de E. B., una mujer de 35 años, que falleció en marzo en el Hospital San Martín, de Paraná, luego de parir gemelos por una cesárea: en 2007, mientras cursaba su noveno embarazo, había querido ligarse las trompas, pero no había conseguido el dinero que le exigía su médico privado en la localidad de Bovril, a unos cien kilómetros de la capital provincial, según pudo reconstruir el Conders. En Bovril no harían ligadura en el hospital local.

La coordinadora del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de Entre Ríos, Mónica Fasoni, reconoció a Página/12 que hay médicos que ponen “obstáculos” a las ligaduras y, lo que es más preocupante, que “desconocen” la existencia de la ley que regula esa cirugía y “creen que tienen que pedir autorización al marido”. La funcionaria dijo que está realizando un diagnóstico de la situación en los centros de salud de Entre Ríos, particularmente en los cuatro hospitales más importantes, el San Roque y el San Martín, de Paraná, y el de Concordia y de Gualeguaychú. De los sesenta hospitales de la provincia, 24 están en condiciones de hacer la intervención.

Conders viene denunciando la existencia de trabas hace varios meses. “Hemos detectado que entre los requisitos innecesarios, no contemplados en leyes y normas, para la ligadura tubaria, les piden a las mujeres en algunos hospitales hasta una interconsulta psicológica, es decir, tienen que pedir un turno con una psicóloga previamente”, puntualizó Comaleras a Página/12. Forman parte del Conders en Entre Ríos también las trabajadoras sociales Silvia Primo, Lorena Guerriera y Alicia Genolet, quien también es docente de la Universidad Nacional de Entre Ríos.

Fasoni resumió las conclusiones del mapeo que están haciendo para detectar irregularidades en la realización de ligaduras: “Se necesita fortalecer el conocimiento de los médicos, observamos que les falta conocimientos sobre la ley. La otra debilidad que encontramos es que los quirófanos se tienen que compartir con otras cirugías y, si aparece una urgencia, la ligadura se posterga. Tenemos que capacitarlos y discutir al interior de los equipos médicos el concepto de emergencia. Una ligadura a tiempo salva una vida después. Desconocen también que al no cumplir con la ley están incurriendo en la vulneración de un derecho”.

De acuerdo con la Ley Nacional 26.130 de Anticoncepción Quirúrgica, el único requisito para realizar una ligadura tubaria cuando se trata de una mujer mayor de edad y “capaz” es su consentimiento informado, del mismo modo que en el caso de los varones para una vasectomía. Fasoni está al frente del programa provincial desde hace siete años. La normativa está vigente desde el 7 de septiembre de 2006. Es decir, hace cuatro años.