Hablar de la independencia de los jueces –y las restricciones para ejercerla– es un clásico desde hace cuatro años en la conferencia anual donde se juntan los magistrados de todo el país a debatir y hacer catarsis, convocados por la Corte Suprema. Y en cada ocasión el reclamo, en términos materiales, es el mismo: los tribunales reclaman plata y autonomía para manejarla. Por eso, en el discurso inaugural de ayer, el titular del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, pidió “un presupuesto independiente para que los jueces tengan recursos para trabajar”. La diferencia es que esta vez se presentará ante el Congreso un anteproyecto de ley para cambiar el sistema vigente por el cual el Poder Judicial necesita la aprobación del Gobierno cada vez que pretende utilizar fondos, con un fin que no estaba contemplado en el presupuesto aprobado originalmente. No hubo cuestionamientos directos al Gobierno ni al Consejo de la Magistratura, aunque sí algunos mensajes. “La Justicia lenta no es Justicia, pero necesitamos que nos ayuden a lograr una Justicia más rápida, les pedimos a los otros poderes del Estado que nos ayuden, los de la Nación y los de las provincias”, aseguró Lorenzetti.

El jefe de los supremos apuntó que las demoras en la resolución de las causas judiciales están vinculadas con la falta de nombramientos: “Hay 900 jueces para más de tres millones de causas y hay 183 vacantes”, advirtió. A lo que agregó una queja por la excesiva “litigiosidad”, es decir, por la judicialización de toda clase de cuestiones.

La Conferencia Nacional de Jueces –ésta es la cuarta– es un evento protocolar en el que, de todos modos, suelen germinar debates de fondo. Los principales invitados son jueces de todo el país, unos 600, y algunos funcionarios y periodistas. En su mensaje de apertura, Lorenzetti convocó a “la construcción común de una agenda entre los tres poderes del Estado” porque eso, aclaró, “no es perder independencia”. “No nos interesan los problemas, nos interesan las soluciones a los conflictos de los ciudadanos”, dijo en referencia, entre otras cosas, a la gran cantidad de juicios previsionales pendientes.

“Existe una extraordinaria diferencia entre lo que se declara en el discurso público y lo que sucede en la realidad”, señaló sin personalizar. “Esta distancia es algo que no nos puede permanecer ajeno. Somos muy buenos para realizar diagnósticos, pero no tenemos la misma sabiduría para buscar la solución. Así, los problemas pasan de generación en generación”, sostuvo. “Hay una tremenda distancia que hoy genera tensión (...) La paz siempre va a ser inestable cuando una madre no pueda pensar un futuro para su hijo. Por eso hay temblores en los cimientos del edificio social”, insistió.

Los derechos económicos y sociales tendrán un lugar en el evento, en paneles donde se hablará mañana de los juicios impulsados por jubilados por la actualización de sus haberes, de la avalancha de las causas laborales y de los reclamos por falta de acceso a las prestaciones de salud. Parte de la polémica alude al papel del Estado en todos estos expedientes, como litigante en una gran cantidad de casos. En la propia Corte, por ejemplo, existe malestar por la falta de cumplimiento de fallos provisionales de parte de la Anses, lo que lleva a que el fuero de la seguridad social esté desbordado de causas de este tipo. Los supremos analizan iniciativas para modificar este escenario. Es uno de los grandes asuntos donde parten de la base de que es necesario el buen diálogo y cooperación tanto con el Poder Ejecutivo como con el Legislativo.

Para la cuestión del dinero destinado al Poder Judicial y las reglas para su manejo, los jueces –en función de las ideas de Lorenzetti– necesitan de los otros poderes. El presupuesto actual para la Justicia ronda los 5300 millones de pesos, la Corte maneja su propio dinero (unos 1200 millones) y el Consejo de la Magistratura, el del resto de los tribunales nacionales. El alto tribunal y el Consejo establecen cada año cuánta plata necesitan, pero lo aprueba el Ministerio de Economía. Luego, si se quiere destinar partidas a cuestiones no previstas –como aumentos salariales– debe haber aprobación de la Jefatura de Gabinete. En todas las conferencias de jueces celebradas hasta ahora siempre se escuchó a sus señorías decir que el manejo de su dinero por parte del Gobierno les recorta independencia. La Corte, según allegados al tribunal, elaboró un anteproyecto de ley de autarquía financiera, que ya se empezó a discutir ayer en el encuentro de jueces, entre los destellos del Hotel Hilton de Puerto Madero, y que sería enviado al Parlamento.

Pero el capítulo de la “independencia” judicial tiene otras dos patas trascendentes: una se refiere a independencia subjetiva, propia de cada juez, a la que aludió ayer el ministro de la Corte Carlos Fayt cuando le dieron un reconocimiento por su “extensa y valiosa trayectoria”. “El juez que no es imparcial, no merece ser juez”, señaló el magistrado, que integra el máximo tribunal desde el gobierno de Raúl Alfonsín, junto con Enrique Petracchi, quien también fue condecorado.

El otro costado de la discusión sobre la independencia es el que alude a los mecanismos de selección y designación de jueces. Ayer Lorenzetti se volvió a quejar por falta de nombramientos, un problema de larga data en el que suelen confluir la responsabilidad del Consejo de la Magistratura y la del Poder Ejecutivo, que a menudo retiene las ternas ad infinitum. Esta cuestión va atada al debate sobre si el problema es la composición actual del Consejo o es un asunto de otra índole, reglamentario por ejemplo. El hecho concreto es que nombrar un juez lleva como mínimo dos años. Las entidades que nuclean a los jueces –como la tradicional Asociación de Magistrados– suelen decir que el partido gobernante maneja los tiempos de los nombramientos y utiliza los juicios políticos como herramientas de presión.

Todo esto ya comenzaba ayer a ser tema de polémicas. Igual que las trabas que encuentran las mujeres en la carrera judicial y, entre otros, la relación de los jueces con los medios. Y hubo otros anuncios, como la implementación del plan informático más grande de la historia del Poder Judicial –con procesos de seguridad informática, comunicaciones digitales, así como notificaciones y pagos electrónicos– que promete llegar a toda la población.