El Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable publicó un instructivo para despejar dudas a los médicos, en el que se aclara que tanto la ligadura tubaria como una vasectomía “no se requieren consentimiento del cónyuge o conviviente ni autorización judicial, excepto en los casos de personas declaradas judicialmente incapaces y tanto en el sector público como en el privado, la intervención quirúrgica debe realizarse sin costo alguno para el/la requirente”. El Ministerio de Salud informa que “si el médico tratante decide no realizar la práctica amparándose en su derecho a la objeción de conciencia, la institución pública o privada debe disponer los reemplazos necesarios de manera inmediata de tal forma de poder brindar el servicio solicitado”.