Vecinos de la Villa 31 reclamaron ayer que la Legislatura porteña dé tratamiento al proyecto de ley para concretar la urbanización de sus barrios, el cual, para no perder estado parlamentario, debe ser tratado antes de fin de año. Antes de que llegue al recinto, la iniciativa debe recibir dictamen positivo en tres comisiones presididas por el PRO: las de Vivienda, Presupuesto y de Planeamiento. “El PRO es reticente”, lamentó Facundo di Filippo, ex legislador que acompaña el reclamo vecinal.

El proyecto de ley presentado por la legisladora Rocío Sánchez Andía –por el que reclamaron con una vigilia y cortes de calles del centro porteño algunos vecinos ayer– es el resultado del trabajo de la Mesa de Gestión y Planeamiento Multidisciplinaria y Participativa, creada en el marco de la ley 3343, aprobada en 2009, que dispone la urbanización de las villas en cuestión. Di Filippo fue el promotor y autor de aquella iniciativa.

En ese contexto, ayer los diputados lograron otorgarle preferencia al tratamiento del proyecto y el lunes desde las 15 lo debatirán en la Comisión de Vivienda, presidida por Lidia Saya, pero aún no hay fecha para el debate en las otras dos comisiones. Por eso, desde el despacho de Sánchez Andía previeron que “lo más probable es que no se llegue al jueves”, el día de la próxima sesión. Para acelerar ese proceso algunos de los vecinos pidieron que Planeamiento y Presupuesto lo analicen en conjunto antes de fin de año, lo que aún no fue determinado.

La Mesa, que elaboró el dictamen que ahora espera ser ley, está integrada por funcionarios de la ciudad de Buenos Aires, consejeros del barrio (electos por los vecinos), legisladores y el equipo técnico a cargo del arquitecto Javier Fernández Castro. La importancia de su aprobación radica en dos puntos. Uno, que brinda las condiciones específicas de cómo, cuándo y de qué manera debe realizarse la urbanización de la villa. Por ejemplo, la normativa urbanística y el presupuesto (el 0,5 por ciento del total del presupuesto anual de la Ciudad). La otra obliga al Ejecutivo local a ejecutar la urbanización. Que, en realidad, ya está estipulada en otras leyes, como la 148 de 1998.

Según Di Filippo, no se logró quórum para su tratamiento por diferencias entre los bloques del PRO y el Frente para la Victoria (FpV) respecto de la posesión de la tierra. El 99 por ciento de los terrenos pertenecen al Estado nacional. “Los del PRO se escudan en que Nación no se los quiere dar, para decir que no pueden urbanizar. Y el FpV dice que hasta que no urbanicen no les van a dar las tierras”, sostuvo. Explicó que “el PRO puede avanzar, hacer la operatoria y bajar la plata para la urbanización y después pedir las tierras, por lo que ése no es un problema. Cuando todo esté terminado el gobierno nacional deberá dar las tierras para que los dueños de las casas puedan tener el título de propiedad”. En cambio, el diputado Cristian Ritondo (PRO) sostuvo que el Gobierno de la Ciudad aportó “20 millones de pesos para la urbanización de las Villas 31 y 31 bis”.