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Por unanimidad, los senadores bonaerenses convirtieron en ley la declaración de emergencia pública por violencia de género en la provincia de Buenos Aires. La declaración, según explicita la misma ley, tiene “el objetivo primordial de paliar y revertir el número de víctimas” en la provincia, al “adherir e implementar” la ley nacional contra la violencia de género, “optimizar recursos” y articular programas de prevención. Eso significa que, durante los próximos dos años –el plazo máximo votado por los legisladores–, “el gobierno provincial tiene una herramienta para crear, modificar y transferir partidas” para fortalecer las respuestas del Estado y apoyar a las víctimas, explicó a Página/12 Karina Nazabal, autora del proyecto sancionado. “De todos modos, el desafío no era tanto sancionar la ley, sino lo que viene ahora, después de la sanción”, agregó.

La sanción del Senado bonaerense ratificó lo votado el 19 de abril en la Cámara de Diputados, donde había dado los primeros pasos un proyecto de ley consensuado entre legisladoras y legisladores de distintos bloques (además de Nazabal, del FpV; Fernanda Antonijevic, del FAP, y Alejandro Armendáriz, de la UCR). El proyecto estipula lineamientos generales de acción, áreas sobre las cuales el Estado provincial debe actuar en lo sucesivo, como la adhesión a la ley nacional (Nº 26.485) sancionada en 2008.

“La declaración de emergencia implica que hay una situación por fuera de lo que cotidianamente puede atender el Estado provincial”, explicó la diputada Nazabal. Pero la declaración no tuvo tanto que ver con el crecimiento de la violencia de género en el distrito (en territorio bonaerense “es difícil pensar que hay más víctimas que hace diez años”, explicó) como con la falta de un registro estadístico centralizado que permita fortalecer acciones planificadas y también acciones para incidir en cuestiones urgentes. “El proyecto original proponía la creación de un registro provincial, que es una herramienta que piden los jueces porque encuentran que no tienen estadísticas”, pero quedó fuera del texto aprobado “porque la emergencia no puede tipificar eso”. Sin embargo, la legisladora se mostró confiada en que las ONG y los movimientos sociales que pidieron y reclamaron la sanción de la ley sean convocados a formar parte de una “mesa intersectorial” para sugerir medidas y cursos de acción.

La ley sancionada es “una nueva herramienta que se suma a la lucha integral contra este flagelo social que estamos encarando desde la provincia”, evaluó el ministro de Desarrollo Social bonaerense, Martín Ferré.

Al permitir la creación, reasignación y modificación de partidas presupuestarias, explicó la diputada Nazabal a este diario, la declaración de emergencia imprimirá flexibilidad a las acciones requeridas. Por eso, “el desafío no fue tanto lograr la sanción de la ley como lo que viene de ahora en más”, afirmó. Formalmente, “no hay una agenda de trabajo”, pero sí “mucha voluntad para hacer la convocatoria a la mesa intersectorial y también voluntad de la sociedad civil para poner mucha presión sobre el Poder Ejecutivo para que lidere la mesa o esté presente de manera activa, como hacedor, como delegado de gestión para poder tomar decisiones y modificar la situación. Fue un paso importante. Hay muchos actores involucrados”.