En la Secretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia, donde nació el proyecto de ley de reforma integral de Código Penal, no salían del asombro: pocas horas después de haber llamado al debate público de su propuesta ya habían recibido 105 correos electrónicos, varios de ellos con propuestas, otros con reproches, algunos con felicitaciones. El borrador que fue elaborado por una comisión de juristas coordinada por Alejandro Slokar no sólo propone nuevas variantes para legitimar el aborto, sino que introduce nuevos delitos como el genocidio, figuras ambientales, equilibra las penas, reduce la máxima a 30 años y despenaliza la tenencia de droga para consumo personal, entre muchas otras cosas. “No es un proyecto del ministerio”, insisten en aclarar cerca del titular de la cartera, Alberto Iribarne. Los expertos que participaron del diseño, de hecho, habían sido nombrados por el ministro anterior, Horacio Rosatti. Cuando llegó Iribarne quisieron seguir con su trabajo, algo que nadie podía impedirles. Lo que la mayoría de ellos tiene en claro es que el anteproyecto está lejos, muy lejos, de llegar al Congreso intacto, siquiera con pocos cambios. “Nosotros estamos conformes con poder instalar el debate y someter el tema a consulta pública, algo que hasta ahora nunca se hizo”, transmiten. Iribarne, por su lado, tiene su propio plan para impulsar una modificación, pero del Código Procesal Penal. Convocaría a una comisión no sólo integrada por personas del ámbito del derecho, sino también diputados y senadores. El objetivo, dicen cerca suyo, es lograr agilidad en los procesos judiciales y que las causas lleguen con más rapidez a la instancia de juicio oral, donde se determina en forma definitiva la culpabilidad o la inocencia de quien está acusado.