Sábado, 5 de agosto de 2006 | Hoy
En Villa Gesell quieren reemplazar los viejos paradores de cemento por otros de madera, a los que consideran “ambientalmente sustentables”. Pero un juez ordenó parar las obras argumentando que faltan estudios de impacto ambiental.
El debate ambiental se ha instalado en las playas bonaerenses. El municipio de Villa Gesell ha comenzado con un plan para erradicar los balnearios de cemento y poner en cambio construcciones de madera en las playas. Pero un juez bonaerense ordenó paralizar las obras, tras la presentación de un particular, quien argumentó que “no se ha realizado un estudio de zonificación de riesgo de erosión” en las construcciones y obligó a las autoridades municipales a presentar un estudio de impacto ambiental. Desde el municipio aseguran que las nuevas construcciones se levantarán en el lugar donde existían otras, que fueron demolidas, lo que minimizaría el impacto. Pero de todas maneras presentarán los informes requeridos para destrabar la situación. Hace una semana, otro juez dispuso la paralización de todas las obras en Cariló, públicas y privadas. Por su parte, los vecinos tienen su propio plan para que se realice un programa alternativo de construcción de playa, “con la participación de todos los sectores”.
“La diferencia de esto con lo que pasó en Cariló es que nosotros estamos construyendo sobre edificaciones que ya estaban. No es que levantamos balnearios en cualquier parte. Los viejos y grandes paradores de cemento los estamos demoliendo para levantar los de madera, bajo la norma de Calidad de Playa IRAM 42.100, que contempla pautas para brindar servicios de calidad, ambientalmente sustentables”, explicó a Página/12 el secretario de Turismo y Cultura de Villa Gesell, Jorge Ziampris.
El juez en lo Contencioso Administrativo Antonio Marcelino Escobar, del departamento de Dolores, argumentó que “la Municipalidad de Villa Gesell otorgó unas 50 concesiones sin solicitar un informe de impacto ambiental”. La actuación de la Justicia se debe al planteo que presentó Francisco Manuel Acebal, de 19 años, quien es vecino de la zona e hijo de un ex y una actual concejal del justicialismo gesellino.
En su presentación, el joven, aparentemente patrocinado por su propio padre, se queja porque “las autoridades políticas locales no hicieron participar a la comuna” en el Plan de Gestión Integral de Costas, que se basa en la recuperación de arena en la playa y en la disminución del volumen de cemento en las construcciones de los balnearios. El amparista, además, solicitó que la ordenanza municipal 2050 –recuperación de la playa– sea declarada nula, pero el juez no hizo lugar, por el momento, a ese pedido.
Por su parte, Ziampris destacó que “hoy se están construyendo unos 24 nuevos balnearios que ya fueron licitados” y que “desde hace dos años a esta parte se ha trabajado mucho con el tema”. “Las nuevas normas –aclaró– indican cómo se debe hacer un balneario respetando el medio ambiente. Esas normas fueron aprobadas por la Secretaría de Política Ambiental de la provincia y por la Secretaría de Turismo de la Nación. Se retiraron 37 balnearios, todos de cemento, con estructuras duras y grandes.”
“Los nuevos tienen todo en madera, que es un material que se adapta mucho mejor al entorno natural de la playa, y además son desmontables. Se pueden poner en temporada y sacar después”, contó. Y agregó: “Vamos a cumplir con lo que pidió el juez, para solucionar esto lo más rápido posible, porque hay mucha gente que no puede trabajar y porque ya estamos en cuenta regresiva para la temporada de verano que viene”.
En tanto, Carlos Santoro, un vecino de la organización local Autoconvocados por la Playa, remarcó: “Tenemos un plan alternativo de construcción de la playa, pero estamos esperando que nos convoquen las autoridades políticas para que lo diseñemos entre todos”.
El 26 de julio la Suprema Corte bonaerense había fallado en favor de los vecinos de Cariló, quienes reclamaban desde hace tiempo que se realicen los estudios de impacto ambiental antes de cada construcción, como indica la ley que declara a esa localidad “paisaje protegido”. La Justicia ordenó detener todas las construcciones hasta que la Municipalidad no presentelos respectivos informes sobre las obras que se vienen realizando desde aquel año, cuando fue sancionada la ley 12.099.
Informe: Luciano Zampa.
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