La Justicia ratificó el procesamiento de uno de los jefes de la cárcel de Magdalena, por la muerte de 33 presos en el incendio que tuvo lugar en octubre de 2005. El imputado de “homicidio culposo” es Cristian Núñez, jefe de Talleres de esa unidad, acusado de “negligencia en el mantenimiento de la red hídrica”: las mangueras que debían haber combatido el fuego carecían de agua. Por el mismo delito ya están procesados otros dos jefes del penal, y hay también 15 funcionarios carcelarios procesados por “abandono de persona seguido de muerte”: se les imputa haberse retirado dejando cerradas con candado las puertas del pabellón en llamas.

La defensa de Núñez había presentado un pedido de nulidad del procesamiento, con el argumento de que el funcionario había colaborado en el rescate de reclusos durante el incendio y habría sufrido lesiones en esa circunstancia. Pero Néstor de Aspro, juez de feria de La Plata, rechazó ese planteo y confirmó el procesamiento del funcionario, quien se desempeñaba como jefe de la sección Talleres de la Unidad Penal bonaerense Nº 28 de Magdalena cuando ocurrieron los hechos.

También están procesados por “homicidio culposo” Carlos Tejeda, jefe de la unidad penitenciaria de Magdalena, y Hernán Ferreira, jefe de Seguridad Exterior. A los tres se los acusa de actuar “con negligencia y cometer omisiones en el mantenimiento y en los informes a las autoridades sobre el estado de la red hídrica”.

Ayer, además, dos de los 15 guardiacárceles acusados de abandono seguido de muerte declararon ante la fiscalía: aseguraron haber colaborado en el rescate de presos durante el incendio. Se trata de Carlos Augusto Bustos y Rubén Alejandro Montes de Oca, quienes hasta ese momento se habían negado a declarar.

Todos los imputados gozan del beneficio de la excarcelación.

El incendio se produjo el 16 de octubre de 2005 y se inició cuando un grupo de reclusos del pabellón 16 prendió fuego a unos colchones. Según testimonios, los guardiacárceles reprimieron con balas de goma y luego, ante el avance de las llamas, se replegaron, y al hacerlo cerraron con candado la puerta del pabellón. Treinta y tres reclusos murieron asfixiados o carbonizados.

Según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que interviene como querellante en la causa, “los funcionarios que estaban al frente del penal sabían que no se contaba con un sistema antiincendios y que había 58 internos alojados en un pabellón colectivo; cada uno de ellos contaba con un espacio de sólo cuatro metros cuadrados. En ningún momento tuvieron en cuenta esas condiciones”.

Entre los 15 procesados por abandono de persona seguido de muerte, la “mayor responsabilidad corresponde a los que cerraron el pabellón con llave y se fueron sin que al parecer les importara lo que podía suceder”, según el CELS. La detención de estos procesados había sido decidida en octubre de 2006 por el juez de Garantías Guillermo Atencio –a pedido de los fiscales María Laura D’Gregorio y Sergio Delucis– pero fue dejada sin efecto por la Cámara de Apelaciones de La Plata ante un hábeas corpus presentado por los abogados defensores.

Además, el Ministerio de Justicia bonaerense lleva adelante un sumario interno que involucra a 41 guardiacárceles en “una serie de graves incumplimientos de funciones que, de manera concatenada, concluyeron en la tragedia”. La lista de sumariados incluye 16 oficiales superiores y dos oficiales jefes. Los cargos incluyen desde “conductas negligentes, como la falta de mantenimiento de la red hídrica”, hasta “impericias o actitudes imprudentes, como dejar la puerta delantera cerrada en tanto intentaban sacar internos por la parte superior del pabellón”.

El CELS también señaló que “previo al incendio, las condiciones en que se encontraba el pabellón colectivo eran muy precarias. Esos lugares son llamados ‘pabellones de bajo costo’ por el propio Ministerio de Justicia bonaerense. En el caso que nos ocupa, contaba con materiales prohibidos como el poliuretano”. Según el CELS, citando a uno de los peritos que intervinieron en la causa, “de mantenerse las actuales condiciones, lo que ocurrió en octubre de 2005 se puede repetir en cualquier momento”.