Más de diez días en cautiverio, pero sin ser atado ni golpeado en ningún momento. Y bien comido. Según la autopsia terminada ayer, así estuvo el abogado de Monte Grande Cristian Vázquez hasta que lo asesinaron de dos balazos calibre 9 milímetros –el de las armas reglamentarias de la policía– en la cabeza el fin de semana. El dato no fue lo único aparecido ayer. También se revelaron los tironeos. Autoridades del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora pidieron que se separara a la Policía Bonaerense de la investigación, ya que “hay tres de sus integrantes implicados y la víctima fue secuestrada en un móvil de esa institución”. El subsecretario de Investigaciones bonaerense, Roberto Vásquez, salió a marcar que la policía provincial –que depende de ese ministerio– “demostró su eficiencia cuando encontró en la casa de Vázquez la huella digital que condujo a los imputados” y por eso “no hay razón para alejarla del tema”.

El hallazgo del cadáver el lunes en Ezeiza ya había anticipado datos bastante particulares: Vázquez estaba afeitado, en calzoncillos y medias y no parecía mal alimentado. Pero la autopsia sacó a la luz detalles más sorprendentes: el cuerpo del abogado no presenta marcas de ataduras, así como tampoco de golpes ni torturas. Eso reduce los lugares posibles de cautiverio, pues no son muchos los espacios donde se puede tener a una persona encerrada pero sin sujetarla, y además darle de comer, sin que se escape.

Además, los forenses también descubrieron que fue asesinado de dos tiros de pistola 9 milímetros, la que usan de forma reglamentaria la Bonaerense y todas las fuerzas de seguridad. Quien lo asesinó le apoyó el arma en la sien y disparó, ya que la primera bala atravesó todo el cráneo y salió por el otro lado. Después lo remató con otro tiro que ingresó por abajo de la oreja.

La aparición de las balas 9 milímetros parece darle otro argumento al Colegio de Abogados lomense, que ayer a la mañana reclamó que la Policía Bonaerense fuera separada de la investigación del caso. “En este manto de sospecha, donde hay por lo menos ya reconocidos e implicados tres agentes de la policía, con uso de las instalaciones, de las armas, de la estrategia y la fuerza que les da toda la sociedad, que es en definitiva a quien debe cuidar, pedimos que se aparte a la fuerza de seguridad provincial desde ya”, señaló en ese momento el vicepresidente de la entidad, Alberto Biglieri.

Más tarde, Leonardo Clemente, secretario e integrante del consejo del Colegio, comparó en diálogo con este diario a la organización con la que se llevó a cabo el secuestro y posterior homicidio “con el accionar de un grupo de tareas”. “Si bien no es normal que en casos con policías implicados se separe a la fuerza de la investigación, tampoco es normal que en un caso de secuestro y crimen, la víctima sea interceptada por efectivos directamente a bordo de un patrullero”.

La reacción de La Plata llegó rápido. El subsecretario Vásquez se ocupó de recordar que fue “la misma policía que ahora quieren separar del caso” la que encontró “la huella digital en la casa de Vázquez, que fue la que permitió dar con los policías implicados que ahora están imputados” y también la que “a través de un sistema que registra el movimiento de los patrulleros pudo determinar la presencia de un móvil en el lugar donde el abogado fue tomado en cautiverio, y de cuál se trataba”. Por otra parte, Vásquez opinó que “es obvio que acá actuó otra gente además de la que está sospechada hasta ahora”, entre la cual “es posible que haya más policías”. Pero no fue la respuesta del funcionario lo único que produjo el reclamo de los abogados lomenses. Horas después de la conferencia de prensa de esa entidad, la procuradora general bonaerense, María del Carmen Falbo, designó a tres instructores de la Policía Judicial de la provincia para que se sumen a la investigación. Estos agentes se complementarán a los de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 13 de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal César Lucero, que está llevando adelante el caso Vázquez. Ayer Lucero intentó tomarles declaración a los cuatro detenidos por el crimen, los policías Juan Alberto Alvares, Maximiliano Yazalde y Alejandro Szibler, y la ex esposa de la víctima, María Alejandra Dahau, pero todos se negaron a brindar testimonio.