El II Congreso Latinoamericano de Parques Nacionales que se desarrollará en Bariloche entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre reunirá al Foro de Pueblos Indígenas, Comunidades Campesinas y Afrodescendientes. De los 1500 expertos que debatirán en el congreso, unos 150 pertenecen a las comunidades originarias: los kuna, de Panamá; los quichua, de Ecuador; los uwa colombianos; mayas quiché de Guatemala; los garífunas, Honduras, y los terena de Brasil, además de los mapuches locales, entre otros.

Bariloche está emplazada en lo que los originarios llaman puelmapu en el territorio mapuche, por lo que al inicio oficial de las actividades, el domingo 30 de septiembre, el lonko Elías Maripán oficiará una ceremonia en mapuzungún, la lengua mapuche. “Para nosotros este encuentro es muy importante, es el segundo en su tipo y se van a debatir las políticas dentro de los territorios, donde precisamente vivimos nosotros, para los próximos diez años”, explicó el mapuche Jorge Nahuel, coordinador del Foro de Pueblos Indígenas.

Nahuel agregó que los territorios nacionales y las áreas protegidas de toda Latinoamérica son “lugares bajo amenaza” porque constituyen objetivos “para los intereses económicos por la biodiversidad, recursos como agua, petróleo o madera. Esto merece especial atención por parte de los Estados y organismos internacionales conservacionistas. Nosotros queremos ser parte de esa discusión”.

La Confederación Mapuche de Neuquén y la Comunidad Tinkunaku del pueblo Kolla emitieron un documento base para el debate en el que hacen recomendaciones a los Estados, a las ONG y a los organismos internacionales de crédito. El documento tuvo el visto bueno de indígenas de Colombia, Costa Rica, Ecuador, Bolivia, Panamá, Paraguay y Chile. En él reafirman la “titularidad” de tierras, territorios, recursos naturales y genéticos “que poseemos como herencia de nuestros ancestros” y denuncian la “vulneración constante” de los territorios que ocupan a través de cambios normativos, megaproyectos y decisiones políticoadministrativas de los Estados, los que “sin consulta con los pueblos, lesionan gravemente nuestros derechos fundamentales”, sostuvo Nahuel.

El Congreso, mediante un documento final, fijará las políticas para los próximos 10 años en los territorios nacionales y áreas protegidas.