En América latina el aborto inseguro es la tercera causa de mortalidad materna. En Argentina, la primera desde hace más de veinte años. “El aborto es una práctica extendida en todos los sectores sociales. La característica general en nuestra región es la restricción legal en relación con su acceso y la dificultad de los Estados en atender aquellos casos que la ley permite”, consideró Susana Chávez, quien encabeza en Lima el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex). Latinoamérica y el Caribe son las regiones con la tasa de incidencia de aborto inseguro más alta del mundo junto con el continente africano: 29 abortos inseguros cada 1000 mujeres en edad fértil, de acuerdo con las últimas estadísticas publicadas por la OMS. Significa que anualmente alrededor de 3.900.000 mujeres interrumpen voluntariamente un embarazo sin la garantía de un procedimiento seguro en términos sanitarios. De ese total, según cifras de la OMS, 2.900.000 ocurren en Sudamérica. “El aborto con medicamentos ha disminuido de manera significativa la peligrosidad de una interrupción voluntaria de embarazo en un contexto de clandestinidad, pero todavía su impacto positivo no se observa en la misma medida en las poblaciones más vulnerables de Latinoamérica”, observó Chávez. En los únicos territorios de América latina y el Caribe donde es legal la interrupción voluntaria de un embarazo a demanda de la mujer es en Cuba, Puerto Rico, Guyana y la ciudad de México. La principal causal permitida en el resto de los países es el riesgo para la salud y la vida de la mujer y en algunos casos, como en Argentina y Brasil, si el embarazo es producto de una violación. Pero son recurrentes en la mayoría de las provincias argentinas los obstáculos arbitrarios para el acceso a los abortos no punibles. En Nicaragua, Chile, El Salvador y República Dominicana no hay excepciones: incluso está criminalizado el aborto terapéutico, es decir, cuando si prospera la gestación se puede morir la mujer. Por estos días, sacude a Nicaragua el caso de “Amalia”, parecido al de la santafesina Ana María Acevedo, una nicaragüense de 27 años que tiene un cáncer muy agresivo y está embarazada, y le negaron el aborto terapéutico y los médicos, para no afectar al feto, demoraron dramáticamente la aplicación de quimioterapia.