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La Justicia porteña le ordenó al gobierno porteño mantener el programa de alojamiento de personas en situación de calle en hoteles y lo exhortó a adoptar una solución definitiva al problema habitacional de esas personas. El fallo de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de los jueces Carlos Balbín, Inés Weinberg de Roca y Horacio Corti, resolvió suspender la aplicación del Decreto Nº 574/09, dictado por el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, por el cual se disponía el cierre del programa Alojamiento Transitorio en Hoteles. También reconoció, por primera vez en un fallo por el tema de vivienda, el carácter colectivo del reclamo.

El gobierno porteño intentó reemplazar en 2009 el programa de alojamiento en hoteles para las familias sin techo, creado durante la gestión de Aníbal Ibarra, por un sistema de subsidios limitado en el tiempo: diez cuotas de entre 700 y 1200 pesos. Distintas medidas cautelares frenaron el desalojo de las personas –unas 140 familias– de los hoteles.

“Si bien el sistema de hoteles era cuestionable, por varios motivos ya que por lo general se trataba de lugares en malas condiciones, que cobraban altos precios al Estado y además no constituían una solución definitiva, era mucho mejor que lo que implementó después Macri”, dijo a Página/12 Facundo Di Filippo, ex legislador porteño y titular del Centro de Estudios y Acción por la Igualdad, impulsor de la medida cautelar que aceptó la Justicia.

Según Di Filippo, “el Estado ha gastado sumas considerables en mantener a las familias en hoteles, sin que ésta sea una solución habitacional definitiva”. Puso como ejemplo el caso de “una mujer con diez hijos, por la que el Estado paga 10.000 pesos mensuales por la habitación en un hotel precario”. Según Di Filippo, en esa situación están hoy más de cien familias.

“El Estado tiene fondos para resolver la situación de estas familias: se ha votado en el presupuesto para este año una suma de 28 millones de pesos destinada a las personas que se albergan en hoteles.”

“Este fallo es ejemplar en lo que respecta a garantizar el cumplimiento de las obligaciones del gobierno en materia de acceso a una vivienda digna, en un contexto de grave crisis habitacional –afirmó Di Filippo–. Este caso es paradójico porque muestra a las claras la ineficiencia gubernamental: con el dinero que el Estado ya lleva gastado en el pago de los hoteles, hace rato hubiera podido resolver en forma definitiva y digna la problemática habitacional de cada beneficiario. Sin embargo, prefirió mantener a habitantes de nuestra Ciudad condenados a la indignidad, y ahora empieza a pagar las consecuencias.”

Lo destacado del fallo es que, además, al revocar parte de la sentencia de primera instancia, la Cámara resolvió atribuir el carácter colectivo a la acción de amparo iniciada por un grupo de habitantes, lo que implica que la medida beneficiará a la totalidad del universo de receptores del programa, aun a aquellos que no se hayan presentado ante la Justicia.

Al respecto, Jonatan Baldiviezo, abogado patrocinante de la causa, destacó que “la Cámara se ha puesto a la altura de la doctrina más moderna en materia de derechos económicos, sociales y culturales, a la luz de lo que surge de los mandatos constitucionales y de los tratados internacionales de derechos humanos, lo cual implica una profundización del derecho de acceso a la Justicia acorde a la situación de crisis habitacional que está viviendo la Ciudad”. “Sabemos que es un antecedente que servirá de ahora en más para muchos otros casos en favor de los sectores más marginalizados de la sociedad”, concluyó.