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Más allá de su caso particular, Hernán y Rolando solicitan que se trate lo antes posible la reforma del Código Civil para que la subrogación de vientre pueda realizarse en Argentina en forma gratuita. Esto permitiría que parejas con problemas de fertilidad, parejas gays y solteros puedan acceder a este tratamiento sin la barrera que hoy implican los costos.

“Lo que se está generando es un burguesía rica que accede a estos tratamientos en Estados Unidos con un costo de 160 mil a 200 mil dólares, varios viajes, con varios meses y una arquitectura legal muy costosa y una burguesía media gay invisibilizada que hace estos tratamientos en otros destinos donde es legal la subrogación”, sostiene Hernán.

“En estos términos –agrega– lo que hay es una doble desigualdad: una desigualdad con respecto a no poder acceder a derechos reproductivos y una desigualdad económica de aquellos que quieren ser padres y madres por subrogación sustitutiva y sólo lo logran los que tienen dinero. Es necesario avanzar hacia un cambio en el Código Civil que permita que esto se haga gratuito desde el Estado como un problema de salud pública”, afirmaron.

En este sentido, apuntaron contra el artículo 22, que dice que madre es la que da a luz. “Esto era así en la época en que Vélez Sarsfield escribió el código, pero hoy también es madre la que construye ese vínculo, la que adopta. Hay que separar el hecho biológico de la gestación, del hecho social de construir ese rol”, enfatiza Hernán.

“El Estado tiene que respetar la voluntad de una mujer que decide gestar para otras personas como un acto de cooperación. El tema es dar las garantías para que pueda hacerlo y no que lo haga porque tiene pocos recursos. Por ejemplo, en India hay varias garantías para que esto no ocurra: la mujer gestante tiene que ser madre, estar casada y estar de acuerdo con su esposo para llevar la gestación sustitutiva. Se trata de garantizar que esta mujer no está haciéndolo sólo por dinero sino que haya voluntad. Siempre que esté garantizado que no haya ningún tipo de abuso en los acuerdos, creemos que no es éticamente reprochable”, concluye Hernán.