El fiscal de Cámara de San Isidro Carlos Washington Palacios no le creyó a la niña. Tampoco les creyó a las peritos expertas que consideraron que la chica no fabulaba y que sus dibujos y otros tests denotaban traumas e indicadores compatibles con abuso sexual. Finalmente, decidió no realizar acusación y así le abrió las puertas de la absolución al imputado, que quedó en libertad. Fue hace apenas un mes, en un juicio oral y público. Para la Asociación Madres del Dolor es “un caso testigo”. “Muchas veces se pone en duda lo que denuncia la víctima”, señaló Isabel de Yaconis, madre de Lucila, la adolescente violada y asesinada en Núñez. Yaconis y otras siete integrantes de la entidad presentaron un pedido de jury contra Palacios por “prevaricato” al “perjudicar deliberadamente” la causa que tenía asignada. “En todo momento, pareció más defensor que acusador del imputado”, señaló a Página/12 el abogado Claudio Mazaira, patrocinante de las Madres del Dolor. Para el fiscal, la chica armó con su madre la denuncia contra su padre por abuso sexual con acceso carnal para quedarse con una casilla paupérrima en la que vivía la familia.

“En la provincia de Buenos Aires el fiscal es amo y señor: si no presenta acusación, el juicio se cae”, recordó Mazaira.

El pedido de jury contra Palacios llegó a la Fiscalía General de San Isidro el 8 de mayo. Palacios fue el fiscal de juicio oral y público contra C. M., un hombre denunciado hace tres años por su hija de haber abusado sexualmente de ella, con acceso carnal doblemente calificado, desde que tenía seis años. Ahora tiene 16.

La causa fue elevada a juicio oral por el juez de Garantías Nº 3 Rafael Sal Lari el 17 de julio de 2006. El debate se extendió del 19 al 21 de abril último y le tocó al Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7 de San Isidro, integrado por los jueces María Cohelo, Eduardo Lavinia y Mónica Carmen Tisato. Mazaira, como abogado de la asociación Madres del Dolor, patrocinó a la adolescente, cuyas iniciales son M. M.

La adolescente rompió el silencio cuando tenía 13: fue a la madre de una amiga a quien se animó a contarle sus padecimentos. Su padre, dijo, la tenía amenazada.

“Es una barbaridad lo que pasó en el juicio”, consideró Yaconis. El delito que se le imputa al fiscal es “la omisión deliberada a realizar y formular acusación contra el acusado, teniendo suficientes elementos de cargos como para hacerlo, perjudicando dolosamente los intereses que le fueron confiados en virtud del mandato legal.”

Según el pedido de jury, la primera testigo que declaró en el juicio oral contra C. M. fue Liliana Alvarez, perito psicóloga del Tribunal de Menores Nº 1 de San Isidro, con 30 años de antigüedad en el cargo. Dijo que había entrevistado a M. M. dos o tres veces y también a la madre. Llevó a la audiencia y mostró dibujos y gráficos de la chica y señaló que denotaban “traumas e indicadores compatibles con abuso sexual”. También afirmó que daba un relato cronológico y manifestó claramente las caricias, acercamientos y luego concreción del abuso de parte del padre. Para Alvarez, M. M. no fabula ni tampoco tiene una patología psiquiátrica, ni en su relato aparecen “palabras sobreimpostadas”, que podrían dar cuenta de una denuncia armada.

La segunda testigo fue Marta Dora Luján, psicóloga especialista en niños del centro de referencia de salud mental de víctimas de Pilar. Luján vio a M.M. en cuatro o cinco entrevistas durante las cuales le hizo diversos tests y la chica le contó que era obligada a entrar a la cama de su papá, donde era penetrada. También le dijo que la tenía amenazada con lastimar a los demás miembros de la familia si contaba lo que le hacía, principalmente a la madre. Luján afirmó ante el tribunal que M. M. tenía un trauma psíquico severo compatible con el abuso sexual. Tampoco ella advirtió fabulación ni un discurso mitómano.

La tercera testigo fue Liliana Rosa Gambande, ginecóloga de la oficina médico-pericial. Dijo que M. M. tenía “desgarros himenales, de carácter traumático, que son indicadores, entre otras cosas, de abuso sexual”. No descartó que fueran provocados por tocamientos con los dedos.

En las audiencias también declaró la mamá de la amiga de M. M., a quien ella le contó lo que le venía haciendo su padre, que dio cuenta de la situación en la que la chica rompió el silencio, que fue justo un mes después de que el padre echara de la casa a la madre. M. M. no quería contárselo a su mamá por temor a que el padre tomara represalias.

Para las Madres del Dolor, el fiscal minimizó las pruebas. Palacios consideró que las muestras de abuso correspondían a relaciones consentidas de la chica con un supuesto novio, a pesar de que tanto ella como el adolescente negaron ante el tribunal que hubieran sido pareja y hubieran tenido sexo entre ellos. “El fiscal tildó de mentirosa a la propia denunciante. Y después de escuchar la negativa del supuesto novio –ambos dijeron que eran amigos–, atinó a decir: ‘Y claro, se ve que tiene códigos. No lo va a decir’”, indicó Yaconis, que junto con otras Madres del Dolor estuvo en las audiencias del juicio oral.

Para Palacios toda la causa fue armada y preparada por M. M. en connivencia con su madre para desalojar de la casilla en que vivían al padre. Uno de los elementos que tomó en cuenta para fundamentar su postura fue que la adolescente en su testimonio usó el vocablo “torso”. Para Palacios se trata de una palabra impuesta, en el marco de una historia falsa. Para declinar de realizar acusación, también le dio gran valor al testimonio de una ex maestra de M. M. y actual directora de la escuela a la que asistía, que declaró que la chica faltaba seguido a clase porque se rateaba y también la calificó como ‘mentirosa’: la docente fundamentó esta apreciación diciendo que cuando era reprendida en el colegio acostumbraba echarles la culpa a otros compañeros. Página/12 intentó entrevistar a Palacios, pero no logró ubicarlo en los últimos días debido a que se encontraba en distintas audiencias por otros juicios.

“Es un caso testigo de cómo la Justicia protege, muchas veces, a los violadores en lugar de a la víctima”, consideró Yaconis. Las Madres del Dolor interpusieron además un recurso de casación para conseguir que se realice otro juicio.