Los diputados aprobaron por 96 votos a favor, 12 en contra y 7 abstenciones la Ley General de Educación que reemplazará la normativa implementada por la dictadura, y que es criticada por contener inequidades, informaron las agencias de noticias DPA y ANSA.

La aprobación fue posible gracias al acuerdo con la oposición de derecha, que no quiere que se elimine el lucro en el sistema, uno de los aspectos resistidos por docentes, estudiantes y parte del oficialismo.

Además, Bachelet debió comunicarse con cada diputado oficialista para presionar por los votos favorables con la promesa de que en julio enviará un segundo proyecto que incorpore las más de cien observaciones presentadas por los legisladores.

La ley, que deberá ahora tratar el Senado, es criticada también por mantener la selección de alumnos para acceder al sistema educacional, que en el nivel superior tiene un 72 por ciento de incorporación de jóvenes de clases acomodadas y sólo un ocho por ciento de los de los estratos pobres.

El debate se desarrolló en medio de gritos y el recinto debió ser desalojado cuando estudiantes y profesores que presenciaban la sesión comenzaron a arrojar monedas a los diputados.

Ayer, cuando Diputados trató la norma en general, 10 mil personas rodearon el Congreso y protagonizaron disturbios que terminaron con represión y 170 detenidos.

"Vamos a dar la lucha en el Senado", anunció el presidente del magisterio, el comunista Jaime Gajardo, mientras los estudiantes anticiparon que protestarán en sus colegios, como lo hacen desde mayo.

El sacerdote jesuita Fernando Montes, rector de la universidad privada Alberto Hurtado, comentó antes de la votación que el gobierno se encontraba entrampado en un proyecto que "no era el mejor, pero que significaba un avance".

Entre sus mayores déficits, mencionó la falta de una definición más clara de educación pública y del rol del estado en la educación, ya sea privada o pública.

La ministra de Educación, Mónica Jiménez, y el vocero de gobierno, Francisco Vidal, valoraron la aprobación y recalcaron que la nueva norma derogará la ley de educación heredada de la dictadura militar, considera cuna de las asimetrías sociales.

El ministro secretario general de Gobierno, José Antonio Viera Gallo, articulador del acuerdo con la derecha opositora, definió a este proyecto como "la ley que es posible".