Martes, 9 de diciembre de 2008 | Hoy
21:38 › POR LA APLICACIóN DEL 2X1
El Gobierno de Chile le pidió a la Argentina que revise la libertad condicional otorgada al ex agente de inteligencia, Lautaro Arancibia Clavel, condenado por los asesinatos del general Carlos Prats y su esposa, cometidos en 1974, en Buenos Aires, ya que, aseveró, esa medida es contraria al "compromiso" del Estado argentino en materia de derechos humanos.
El embajador chileno, Luis Maira, le envió una nota al Procurador General de la Nación, Esteban Righi, en la que señala el deseo de su país para que se revea el beneficio otorgado a Arancibia Clavel en julio del año pasado, luego de ser condenado a reclusión perpetua por esos crímenes y a 12 años de cárcel por otros delitos de lesa humanidad.
El diplomático sostuvo en su carta que la libertad concedida "no condice con el compromiso demostrado por el Estado argentino en la persecución y castigo de las graves violaciones a los derechos humanos".
Righi remitió hoy el reclamo del embajador al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, para ponerlo en conocimiento de las inquietudes del gobierno de Michelle Bachelet.
El reclamo chileno llegó luego de un encuentro que el embajador mantuvo con las hijas del matrimonio Prats, Angélica y Cecilia Prats Cuthbert.
La carta tiene fecha del 26 de noviembre, nueve días antes de que la presidenta argentina, Cristina Kirchner, y Bachelet compartieran el acto en el que se conmemoró la mediación del Papa Juan Pablo II en diciembre de 1978, que evitó una guerra entre ambos países, gobernados entonces por dictaduras militares entonces, por el Canal de Beagle.
Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, fueron asesinados en Buenos Aires el 30 de septiembre de 1974 cuando explotó una bomba puesta debajo de su auto en el barrio de Palermo.
Por el hecho, Arancibia Clavel, ex agente de la DINA (la policía secreta de la dictadura de Pinochet), fue condenado a reclusión perpetua el 27 de noviembre de 2000 por el Tribunal Oral Federal 6.
De ese juicio se derivó otro proceso contra Arancibia Clavel por el secuestro de la periodista Laura Elgueta y de Sonia Díaz, que concluyó con otra condena -del Tribunal Oral Federal 5-, el 7 de octubre de 2004, a 12 años de prisión.
El mismo tribunal unificó las penas y consideró que, por el tiempo que Arancibia Clavel había pasado bajo prisión preventiva, en la última condena debía aplicarse la ley del "2 x 1", por lo que el juez de ejecución penal Axel López le otorgó la libertad condicional.
El embajador Maira criticó que Arancibia Clavel haya estado preso sólo cerca de ocho años y seis meses, cuando fue condenado por delitos de lesa humanidad.
En su carta a Lorenzetti, Righi señaló que "la segunda condena significó una inaceptable ventaja para Arancibia Clavel" que lo benefició de manera arbitraria, ya que consideró que no debió aplicarse la ley del 2 x 1.
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