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El proyecto que declara a Aerolíneas Argentinas y Austral, y a sus empresas satélites, obtuvo esta noche dictamen con las firmas de los senadores del oficialismo, por lo que está listo para ser discutido en el recinto el próximo miércoles, cuando podría ser convertido en Ley.

El expediente, además, garantiza que el Estado nacional deberá hacerse cargo de la empresa para "garantizar la continuidad y la seguridad del servicio público de transporte aerocomercial de pasajeros, correo y carga".

En ese sentido, la norma remarca que el Estado también "instrumentará los mecanismos necesarios a los fines de cubrir las necesidades financieras" de las empresas aéreas.

Por el contrario, la oposición apuntó sus críticas a la falta de controles del Estado y, específicamente, al desempeño del secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime.

"La Argentina no se puede dar el lujo de tener una línea aérea que no funciona", expresó el jefe del bloque del Frente para la Victoria, el senador rionegrino Miguel Ángel Pichetto. "El proceso de vaciamiento de Aerolíneas Argentinas empezó con el Estado español al frente de la empresa con Iberia. Luego se lo pasó al grupo SEPI, que tuvo un desarrollo lamentable y casi depredador", indicó Pichetto y agregó que "el Estado argentino está obligado a hacerse cargo de la empresa por un bien público".

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el oficialista santacruceño Nicolás Fernández, indicó que Aerolíneas y Austral son "una empresa deficitaria y comprometida en su existencia", y sostuvo que "la interconexión de la Argentina sin una línea de bandera y de cabotaje es imposible".

Su colega de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte, Eric Calcagno, consideró que la expropiación de la línea aérea "va a ser una decisión justa y necesaria" y, en relación con el proceso de la expropiación, indicó que "se han hecho las cosas bien porque se han hecho pausadamente".

El justicialista jujeño, Guillermo Jenefes, en cambio, afirmó estar "preocupado porque el Estado se va a hacer cargo de una empresa que tiene activos por 700 millones, pero pasivos por más de 2300".

El socialista Rubén Giustiniani expresó que "acá se habla del saqueo de las empresas españolas, pero la pregunta es dónde estaba el Estado durante ese saqueo". En tanto que la justicialista puntana Liliana Negre de Alonso opinó que los argentinos "no deben pagar la fiesta del Grupo Marsans".