Luego del amplio triunfo electoral del 30 de octubre, en el que cosechó el respaldo de casi el 52 por ciento de los argentinos, Alfonsín representaba el fin de casi siete largos años de lo que fue la más atroz, sangrienta y nefasta dictadura, signada por el terrorismo de Estado y el aniquilamiento de las bases productivas.

La desaparición forzada de personas, el terror, las torturas y los asesinatos habían calado hondo en la sociedad y dejado huellas que acrecentaron la presión internacional sobre el régimen, que buscó legitimarse primero con el Mundial de Futbol ’78 y, luego, con la suicida aventura de la guerra de Malvinas.

Jaqueada por las denuncias realizadas por dirigentes políticos y de organizaciones de derechos humanos en el exterior, por el descalabro financiero y, finalmente, por la derrota de Malvinas, la Junta Militar se vio forzada a encarar una salida electoral que le abriera paso al regreso de la democracia.

Si bien los militares aspiraron a alcanzar un acuerdo con los partidos políticos para que, por sobre todas las cosas, se les garantizara que no se investigarían sus responsabilidades en la desaparición de personas, su enriquecimiento ilícito y sus actos de corrupción, sus pretensiones fueron condenadas al fracaso.

El creciente estado de movilización social conjugado con un desgaste cada vez mayor de la Junta Militar -enfrascada a su vez en sus propios conflictos internos- convencieron a los jerarcas del régimen de que no lograrían una salida negociada y recurrieron entonces a un último manotazo con la denominada "autoamnistía".

Paralelamente, la marcha que, en el marco de la represión, todos los jueves realizaban las Madres de Plaza de Mayo en torno a la pirámide fue poco a poco engrosando su asistencia hasta convertirse en "Marchas por la Vida", que lograban un aglutinamiento por encima de las banderas partidarias.

Para esa época, ya había despuntado en la UCR el liderazgo de Raúl Alfonsín, quien asumió la defensa de detenidos políticos y se mantuvo al margen de la euforia inicial generada por la guerra de Malvinas hasta incluso denostar el instrumento del conflicto bélico para recuperar la soberanía sobre las islas.

Cuando ya se encaminaba el proceso electoral que desembocaría en la histórica jornada del 30 de octubre, el candidato radical supo interpretar el estado de ánimo colectivo y, con el Preámbulo de la Constitución como bandera, logró encolumnar a distintos sectores la sociedad y derrotar al peronismo por primera vez en las urnas.

Así, con su llegada el poder, terminaría una etapa de la historia argentina signada por más de cinco décadas de permanente oscilación entre gobiernos democráticos y regímenes dictatoriales, iniciada en 1930 con el golpe de Estado que derrocó a Hipólito Yrigoyen, tan sólo catorce años después de inaugurada la vida democrática en el país.

"Quienes piensan que el fin justifica a los medios suponen que un futuro maravilloso borrará las culpas provenientes de las claudicaciones éticas y de los crímenes", planteaba Alfonsín en su primer discurso como presidente, ante la Asamblea Legislativa.

En este sentido, señalaba que "la justificación de los medios en función de los fines implica admitir la propia corrupción pero, sobre todo, implica admitir que se puede dañar a otros seres humanos, que se puede someter al hambre a otros seres humanos, que se puede exterminar a otros seres humanos con la ilusión de que ese precio terrible permitirá algún día vivir mejor a otras generaciones".

La derogación de la autoamnistía impuesta por los militares, la conformación de la CONADEP, encabezada por el escritor Ernesto Sábato, la posterior elaboración del "Nunca Más" y el juicio a las Juntas Militares fueron pasos fundamentales dados por el gobierno en su compromiso con la defensa de los derechos humanos.

Sin embargo, poco después, jaqueado por el malestar castrense a raíz del avance de los juicios, el gobierno radical impulsó la Ley de Punto Final que derivó luego en el alzamiento carapintada de Semana Santa y, finalmente, en la Ley de Obediencia Debida, que marcó el inicio de un camino sin retorno hacia la impunidad, profundizado luego por los indultos dictados por Carlos Menem.

Este camino recién comenzaría a ser desandado más de una década después, cuando durante la presidencia de Néstor Kirchner el Congreso Nacional derogó las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que también luego fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia, después de su proceso de renovación.

A eso se sumó, el año pasado, un primer fallo del máximo Tribunal que anuló uno de los indultos dictados por Menem, lo que terminó de suprimir los obstáculos que impedían a la Justicia avanzar en las causas por crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura.

De todos modos, el retroceso en materia de derechos humanos no fue el único condicionante del debilitamiento del gobierno de Alfonsín. De hecho, la imposibilidad de encauzar la economía y la relación de fuerzas desfavorable que la UCR tenía en el Senado y en las provincias colocaron recrudecieron a partir de 1987 la fragilidad del gobierno y forzaron a una entrega anticipada del poder, en 1989.

Con sus más y sus menos, el gobierno de Alfonsín había logrado, sin embargo, comenzar a reconstruir la diezmada institucionalidad en el país y había avanzado en una modernización cultural que comprendió, entre otras medidas, la ley que autorizaba el divorcio vincular y la patria potestad compartida.