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La sala III del tribunal sostuvo que "basta pensar en un imposible trabajo policial si se les impide tomar una mínima e inmediata decisión y se les impone que, ante cualquier observación, convoquen al fiscal para que indique el procedimiento a seguir".

De esta forma, los camaristas Ricardo Borinsky y Víctor Violini confirmaron una sentencia a dos años y medio de prisión de cumplimiento efectivo contra el imputado, a quien se halló responsable del delito de tenencia ilegal de arma de guerra.

Tras el debate, realizado por el Tribunal Oral Criminal 1 de San Nicolás, el abogado del condenado había presentado un recurso ante el máximo tribunal penal bonaerense por entender que se habían producido irregularidades en la detención de su cliente, pero el pedido fue rechazado.

Según el fallo, los policías que decidieron la detención tuvieron fundamentos ante la "actitud sospechosa (del imputado) que dio motivo a su interceptación y la posterior requisa de la bolsa que llevaba".

"Por eso, se constituye como autoridad de prevención, es decir, antes de que el delito se cometa, durante su consumación o en el momento inmediatamente posterior", remarcaron.

Los camaristas citaron el artículo 294 del Código Procesal Penal, el cual en su inciso 5 "regula la actuación de la policía con motivo de un operativo público de control motivado en políticas tendientes a la prevención de los delitos".

"En esos casos pueden proceder a revisar los efectos que las personas lleven en sus ropas o vehículos", señalaron.

Para avalar la detención, los jueces también tuvieron en cuenta que la Policía detuvo al sospechoso durante un operativo de control, convocó a un testigo y volcó todo lo actuado en un acta.

"La prueba se completa con el secuestro de un revólver calibre 38 marca Eibar serie 82689 cargado con proyectiles, la pericia balística que dictamina que la misma es apta para disparar y funciona en simple y doble acción y los informes de los Registros Provincial y Nacional de Armas que indican que el arma no se encuentra registrada y que (el acusado) no reviste la calidad de legítimo usuario", explicaron.