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Grupos de defensa de la comunidad latina, inmigrantes, estudiantes, líderes religiosos, miembros de numerosos sindicatos y trabajadores independientes planean realizar sus manifestaciones en Phoenix, la capital estatal, y decenas de ciudades de Estados Unidos a partir del jueves, cuando empiece a regir la ley.

La norma autoriza a las fuerzas del orden de la sureña Arizona, un estado con una enorme población de origen hispano, sobre todo del vecino México, a averiguar el estatus inmigratorio de cualquier persona cuando existan "sospechas razonables" de que no sea un ciudadano legal estadounidense.

La ley estatal, que al igual que la federal sobre la misma materia criminaliza la inmigración ilegal, establece además duras multas para los empleadores que contraten a indocumentados, entre otras sanciones.

Las organizaciones que rechazan la norma dicen que promueve la discriminación y el racismo, y que, incluso antes de su entrada en vigor, ya generó un clima de psicosis y acoso tal hacia los latinos de Arizona que numerosos hispanos debieron emigrar del estado hacia otros vecinos, o bien retornar a México.

Además de una profunda conmoción social en estados con importantes poblaciones hispanas, como California, Texas y otros del sur norteamericano, la aprobación de la ley y su posterior promulgación por parte de la gobernadora republicana Jan Brewer desató además una batalla política y legal con la Casa Blanca.

El Departamento de Justicia recurrió la ley este mes por considerar que contraviene al principio constitucional que fija la inmigración como competencia exclusiva del gobierno federal, no de los estados, y por lo tanto limita el derecho del Ejecutivo de controlar la inmigración y las fronteras.

Presentada el 6 de julio, la impugnación del gobierno -la tercera de siete que deben resolver distintos tribunales- ya fue escuchada la semana pasada por una jueza, que según fuentes judiciales parece inclinada a dejar que la ley entre en vigor y evaluar su aplicación y consecuencias antes de tomar una decisión.

En medio de la polémica y a cuatro meses de elecciones legislativas en las que necesitará el siempre importante apoyo hispano, Obama defendió a principios de julio la necesidad de reformar la ley de inmigración para regularizar a los 12 millones de indocumentados que se estima viven en el país.

Sin embargo, los demócratas no cuentan con la mayoría necesaria en el Senado para aprobar una reforma ni están unidos en respaldar esa iniciativa, y los analistas descartan que la nueva ley se debata en el Congreso antes de las legislativas de noviembre.

Entre las protestas esperadas, sindicatos de California fletarán micros con dirigentes y afiliados de Los Angeles a Phoenix el jueves para rechazar la norma, aseguró Maria Elena Durazo, de la Federación de Trabajadores del Condado de Los Angeles, uno de los sindicatos que organizan la manifestación.

"No llevaremos papeles. Les haremos saber que vamos y les diremos: `arréstennos por ser marrones o negros, arréstennos por ser sospechosos´", expresó Durazo.

Las protestas se extenderán más allá de Arizona. La Red de Organización Nacional del Jornalero (NDLON, por sus siglas en inglés) sostuvo que otras 56 organizaciones adhirieron a una protesta contra la ley que se celebrará en Phoenix y ciudades de estados de todos los rincones del país como Illinois, Maryland, Indiana y Pensilvania, entre otros, el jueves y viernes.

La representante de la ONG Puentes, Alma Mendoza, afirmó que la norma forzó un éxodo de latinos de Arizona y reavivó la animosidad contra los hispanos del estado.

El acoso hacia los inmigrantes llega hasta el punto de "recibir comentarios discriminatorios en sus puestos de trabajo" y ser atacados con "huevos y naranjas por el hecho de ser latinos. A veces cuando caminas en la calle se siente el odio", recalcó Mendoza.

Desde la aprobación de la ley, en abril, varios boicots comerciales contra Arizona fueron propuestos o implementados, con suerte dispar.

Pero no todos los latinos se oponen a la norma, como Jesse Hernández, miembro de la Asociación de Latinos Republicanos de Arizona, que respalda la ley y se opone al recurso presentado por el gobierno de Obama.

Hernández explicó que la norma no autoriza nada más que lo que la ley federal ya permite, y que Durazo y sus seguidores "izquierdistas" están simplemente mal informados.

"Escupen ese discurso, de racismo, discriminación, nazis...sólo intentan crear miedo entre el público", remarcó.

"Vivimos en una sociedad que ya no lee, que es alimentada con cuchara por la TV. Por eso es que los desafío a agarrar la ley y leerla y no creer en la retórica que viene de la izquierda", agregó.