Viernes, 3 de septiembre de 2010 | Hoy
23:09 › ESCUCHAS ILEGALES
La Comisión Especial de la Legislatura porteña estableció el reglamento que regirá su funcionamiento destinado a analizar, con fecha máxima el 15 de diciembre, la responsabilidad política de Mauricio Macri y sus funcionarios en la causa de escuchas telefónicas. La sesión se vio demorada porque los legisladores del PRO impugnaron a Gabriela Cerrutti, a quien consideran querellante en la causa a cargo del juez Norberto Oyarbide y por ser la autora de un libro sobre la vida del jefe de Gobierno.
Los legisladores se reunieron por tercera vez en quince días y establecieron, entre sus facultades, la citación para prestar testimonio a las personas que estime necesario para dilucidar el rol del jefe del PRO frente al escándalo de espionaje por el que está procesado por "asociación ilícita" y por el que están detenidos Jorge "Fino" Palacios y Ciro James.
Puntualmente, podrán convocar a las audiencias a "los funcionarios investigados", como Macri o aquellos que están vinculados con el área de Seguridad, quienes "gozarán de todas las garantías del debido proceso" y hasta el permiso de negarse a concurrir. Asimismo, la CIE tendrá la obligación de dictar uno o más informes o recomendaciones finales, entre los cuales puede estar el inicio de un juicio político, y ninguno de los 17 diputados podrá abstenerse de acompañar o elaborar uno de esos textos.
El plazo máximo del período de recopilación de pruebas será el 1 de diciembre y para la redacción de los dictámenes tendrán quince días, es decir, que a mediados de diciembre elevarán las conclusiones al Poder Ejecutivo, Judicial y al presidente de la Legislatura, quien deberá convocar a una sesión especial a los efectos de darle tratamiento. Los legisladores acordaron que los encuentros se llevarán a cabo "al menos una vez por semana" y serán de carácter público, permitiéndose la transmisión por el circuito interno de televisión y la página web, a excepción de algunas reuniones "reservadas".
También aceptaron entre las atribuciones que tendrá la presidencia -a cargo del diputado de Igualdad Social Martín Hourest- la herramienta del "doble voto", para ser utilizado en caso que las votaciones de las diversas acciones del cuerpo -como la citación de testigos- den como resultado un empate.
Las pautas demandaron cerca de cuatro horas de debate en el salón Montevideo, donde los macristas intentaron introducir algunas propuestas de reglamento que no consiguieron respaldo del resto de los miembros, al punto que derivó en una salida intempestiva de los de PRO, que enojados, se retiraron antes de la finalización de la reunión.
Es más, en el inicio del encuentro, los representantes del bloque del PRO objetaron el nombramiento de la diputada Gabriela Cerruti como secretaria de la Comisión, efectuado el martes pasado, en medio de una audiencia tensa en la que fueron elegidas las autoridades.
"Debemos someter a votación el cargo de la Secretaría porque nunca se puso a consideración ni la votación ni la designación de Cerruti en la última reunión", justificó el macrista Martín Borrelli, no obstante, el pedido no prosperó y el debate prosiguió en torno al reglamento.
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