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Según publicó ayer el Boletín Oficial de la Ciudad, el decreto firmado por Mauricio Macri incluyó en el Código Contravencional penas de arresto de hasta 10 días y sanciones que llegan a los 50 mil pesos a quienes "convoquen, organicen o apoyen logísticamente" el bloqueo de diarios o amenacen a periodistas.

Según Aníbal Fernández, Macri penalilzó las protesta laborales de trabajadores dependientes de empresas periodísticas responde a una orden del Grupo Clarín. “Hizo una ridiculez. (El CEO de esa empresa, Héctor) Magnetto le dió la orden y él lo firmó, pero sabe que lo van a declarar 'inconstitucional' porque no puede legislar sobre materia penal", dijo Fernández en declaraciones radiales.

Además, añadió, "el artículo 103 del estatuto (de la Ciudad), dice que nunca se podrá legislar por DNU" por lo tanto, insistió, "lo que hizo es una ridiculez".

En sintonía con este argumento, Tomada consideró que "está claro que ha habido un avance inadmisible del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires arrogándose facultades que de ninguna manera tiene y que significa retroceder 200 años en materia de división de poderes en una democracia".

El titular de la cartera laboral aseguró que "está muy claro que no se puede establecer un delito de esta forma". El decreto de Macri "dice que no pueden ejercer sus derechos laborales los trabajadores que lo hacen en medios periodísticos". Es decir que "se crean dos clases de trabajadores, los que tienen derecho a la protesta; y los gráficos, de diarios y de televisión, que no lo tienen".