El affaire dólar futuro es una muestra de la esencia del régimen macrista. Por múltiples razones. La primera es la transmutación de significantes judiciales y económicos, la segunda, la corrupción estructural. Aquí se avanzará en las dos interpretaciones, pero existe un hecho de materialidad absoluta: por la operatoria de dólar futuro el Banco Central debió realizar pagos por casi 54.000 millones de pesos, unos 3600 millones de dólares a la cotización presente de la divisa. La causa no fue la operatoria en sí, sino la devaluación del 40 por ciento. Este dinero fue cobrado, repartido, en su totalidad por lo más granado de la elite económica local integrada, entre otros, por los principales bancos, los principales consultores, capitalistas varios y, en particular, firmas vinculadas a los principales funcionarios del gobierno de Mauricio Macri. En cambio, no cobraron un centavo los funcionarios del anterior gobierno, como la ex Presidenta, el ex ministro de Economía y el ex presidente del Banco Central. Los tres, junto a otra docena de ex funcionarios, fueron procesados en una causa judicial iniciada por denuncia del actual ministro de Economía cuando aun estaba en el llano, es decir; por uno de quienes decidieron la devaluación que habilitó los pagos multimillonarios.

Esta es la primera transmutación, la de un Poder Judicial que avanza sin venda y sin balanza, conducido por jueces agasajados por la Embajada estadounidense, y que hace caso omiso de quienes efectivamente aumentaron sus riquezas, a la vez que juzga a quienes tomaron decisiones de política económica en contextos muy diferentes al actual. La segunda transmutación, la de los significados económicos, es el segundo hecho material. La operatoria de futuros no fue un invento del anterior gobierno. No se trató de una estrategia ad hoc, sino de un mecanismo preexistente utilizado en los mercados de capitales para influir sobre las expectativas de devaluación. Los valores de referencia marcados desde la autoridad monetaria estuvieron en línea con la continuidad que se preveía para la política económica. Si el gobierno entrante modificó completamente las reglas del juego cambiario, también debió prever una solución para los pasivos contingentes involucrados en estos contratos. Lo insólito, en todo caso, es que se juzguen decisiones de política económica, situación vinculada en el presente con la corrupción estructural.

Dos elementos articulan el discurso de legitimación del nuevo régimen económico. El primero es la creación de expectativas económicas falsas, con una bienaventuranza que se aleja siempre en el tiempo (ver contratapa del suplemento Cash). El segundo es la corrupción. La primera dimensión necesita de la hegemonía mediática. Es la promesa constante del discurso económico de funcionarios y consultoras de la city por un futuro mejor tras el ajuste sacrificial de los salarios. Resulta un éxito comunicacional que tras apenas 12 años la mayoría de la población haya vuelto a creer en este artificio, aunque juegan a favor las raíces judeocristianas en línea con el Max Weber de la Ética protestante. El fenómeno no es tema de economistas. El segundo elemento, el énfasis en la corrupción, no sólo sirve para deslegitimar la política en favor del mercado, sino que persigue neutralizar a la oposición.

En este escenario discursivo, los multimillonarios pagos por la operatoria de dólar futuro, junto a cuestiones como a las derivadas de los Panamá papers ponen de relieve la existencia de dos tipos de corrupción, la del funcionario venal self made man que acumula vueltos en formato físico durante años, y la de la elite económica que se beneficia sistemáticamente de las decisiones de política. La primera, con cénit en los bolsos voladores, sería la única merecedora de repudio. La segunda, en cambio, sería tolerable en tanto dato endógeno del sistema. La indulgencia con la que los medios de comunicación trataron el descubrimiento de las empresas y cuentas ocultas en el exterior del hijo de Franco Macri resulta proverbial. Aunque sea infinitamente más gravoso para el erario, a nadie escandaliza el sistemático ocultamiento y fuga de activos de la elite. No es ocioso preguntarse porqué deberían indignar más los 9 millones de dólares en el convento de General Rodríguez que los 3600 millones de la operatoria de dólar futuro o, con igual actualidad, los 3500 millones anuales, siempre en divisas, que con una sola decisión el Ministerio de Energía transfirió a las empresas petroleras por vía de la duplicación del precio del gas en boca de pozo, lo que antes o después se cargará a las facturas que pagan los consumidores. ¿Habrá quien haga la denuncia? ¿Existirá un juez amparado por alguna embajada dispuesto a impulsar la causa?

Estos son los ejemplos más gruesos. Pero abundan las apropiaciones de renta más pequeñas. Si el pago a los buitres permitiría pagar tasas de interés más bajas por las colocaciones internacionales ¿Por qué la provincia de Buenos Aires se apuró a colocar deuda por 1250 millones de dólares antes de estos pagos a más del 9 por ciento de interés anual si no tenía ninguna emergencia de liquidez y hoy podría colocar al 7,5? ¿O por qué Salta colocó a fines del mes pasado deuda por 300 millones a más del 9 por ciento? Los diferenciales de tasa no parecen mucho, pero todo suma.

Los ejemplos siguen: los picos de pagos por el dólar futuro se produjeron en febrero y en junio. Justo antes de que el Banco Central perdiera pulseadas con el mercado por la cotización de la divisa, que se escapó 12 por ciento en febrero hasta su máximo de 16, y 7 por ciento en junio. En este último mes la diferencia de cotización significó pagar por los contratos de dólar futuro 4000 millones de pesos adicionales, unos 270 millones de dólares que fueron electrónicamente a las cuentas de los beneficiarios. ¿Quién fue el culpable? ¿Las autoridades del BCRA no sabían que si intentaban bajar la tasa antes del vencimiento de los contratos “el mercado” les ganaría la pulseada por la cotización y se embolsaría los 270 millones extra? ¿Fue culpa del Brexit o de una concepción errónea de la política monetaria? ¿Fue corrupción, inoperancia o desprecio por los recursos públicos cuando los beneficiarios son los más ricos?