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El tarifazo ordenado por Mauricio Macri a su pararrayos Juan José Aranguren tuvo un enorme impacto social que no para de crecer. Hasta tiñó el discurso del Presidente por el bicentenario del 9 de Julio y puso en tensión a una Corte Suprema presionada por el Ejecutivo y jaqueada por el fallo de la Cámara Federal de La Plata contra la explosión del gas. Fue un fallo sin plazos. En otra sentencia la misma cámara suspendió por tres meses el aumento de la luz y su par de Córdoba hizo lugar a una cautelar para suspender por el mismo lapso el tarifazo de gas.

“Vamos por el camino correcto”, dijo el Presidente. “Vamos rumbo a un increíble futuro”, animó y se animó. “Ya estamos bajando la inflación que es este cáncer que tantas veces nos golpeó en esta historia, y estamos trabajando para tener el gas y la energía suficientes.” En todos los índices la inflación supera incluso la peor inflación del período kirchnerista, en parte por el traslado de la devaluación a precios y en parte por el aumento de tarifas. El desafío para Macri no parece simplemente discursivo. La repercusión social del aumento en gas, luz y agua lo obliga a usar porciones cada vez mayores de su capital político –la disposición de una parte de la sociedad en favor de la espera y la paciencia– para enfrentar un movimiento que se articuló en dos meses y provocó una ola de fallos en todo el país.

El fallo de los camaristas platenses César Alvarez, Leopoldo Schiffrin y Olga Calitri sobre el gas directamente declaró nulos los aumentos dispuestos por el Ministerio de Minería y Energía.

“Ahora lo previsible es que Aranguren presente un recurso extraordinario en La Plata, que la Cámara Federal se lo conceda y que el asunto termine en la Corte Suprema”, dijo a Página/12 un alto funcionario de la Justicia que pidió reserva de su identidad. “Después del fallo de La Plata sería absurdo que la Corte Suprema aceptara el pedido de per saltum presentado antes por el Poder Ejecutivo”, añadió.

Un fiscal que conoce bien los vericuetos del Poder Judicial añadió una valoración: “Las cámaras federales son la aristocracia de la Justicia. Subrogan directamente a la Corte. Aunque los fallos no son iguales, ya se pronunciaron la cámara de La Plata y la de Córdoba. Ni la Corte ni el Poder Ejecutivo pueden ignorar esa influencia”.

El fallo del camarista de La Plata César Alvarez, el voto más extenso en el caso del gas, ordena al Ejecutivo convocar audiencias públicas, un derecho exigible que no fue contemplado con el tarifazo. El juez refuta el argumento del Ministerio de Energía que pide esperar una revisión tarifaria integral porque no se trataría de un cambio de bajo impacto sino “una modificación sustancial de la posición de los usuarios que ocasiona una afectación imposible de revertir con posterioridad”.

En un voto complementario Schiffrin dijo que las tarifas no son tales sino “sumas destinadas a que el Estado financie los aumentos de precios a los que llegó de acuerdo con las compañías de producción y transporte de gas”. Se trataría, entonces, de hecho, de un impuesto que, encima, no determina ni un monto razonable de contribución ni deja en claro un hecho imponible. Traducción: si no es tarifa y es impuesto, que discuta y resuelva el Congreso.

En Córdoba, los camaristas Abel Sánchez Torres y Luis Rueda ordenaron anular los aumentos para Córdoba y prohibieron cortar el gas. Reivindican los jueces la doctrina de los “derechos de incidencia colectiva referidos a intereses individuales homogéneos”. El interés general a resguardar no sería solo el del Estado sino el interés general de los usuarios y consumidores. “Este Tribunal no desconoce que la concesión de la precautoria podría generar dificultades”, indica. “Sin embargo entendemos que la procedencia de la presente medida genera un daño menor que el que puede ocasionar a los ciudadanos la falta de acceso o corte del servicio del gas en época invernal.”

Dice la cámara cordobesa que “la tarifa que paga el usuario no puede ser un impedimento para el acceso al servicio y para ello la misma debe ser justa y razonable”. O sea: “Justa en cuanto debe intentar ser un punto medio y equilibrado entre las partes, y razonable en los términos de que no puede ser un impedimento para poder acceder a la prestación. Es decir, este Tribunal no desconoce las razones invocadas por el Estado Nacional en torno a la compleja situación del Sistema Hidrocarburífero del país y la necesidad de mayores recursos para salir de la misma, pero consideramos y sin que implique un adelanto de opinión sobre el fondo del asunto, que ello no puede tornar en inaccesible un servicio imprescindible para los ciudadanos.”

Tanto en Córdoba como en La Plata tuvieron un papel destacado las asociaciones de usuarios y consumidores. En La Plata actuaron en diferentes instancias el secretario general de la Defensoría del Pueblo, Marcelo Honores, el diputado provincial del Frente para la Victoria Marcelo Torres y los diputados del bloque FpV-PJ Walter Abarca y Eva Ramírez. Entre los dos bloques suman 30 diputados. En cuanto a Honores, es un radical de larga experiencia política que tomó como propios los reclamos contra el tarifazo y los canalizó desde la Defensoría.

El problema para el Gobierno es que la articulación entre organizaciones de consumidores y diputados o defensorías, que luego consiguieron en todo el país decenas de fallos a favor, no surgió de arriba hacia abajo sino al revés. Por ejemplo Abarca, un ex secretario de Néstor Kirchner en la Presidencia, relató a Página/12 que se interesó en el tema cuando a la diputada Ramírez la fue a ver una jubilada de Quilmes y le dijo que no podía pagar. “A mí en Saladillo un panadero me contó que la luz le subió de siete a 18 mil pesos y que por eso ya sacó a una de sus tres empleadas”, informó. “El diputado Torres cuenta el caso de un lavadero de ropa que ya cerró porque le vinieron 22 mil pesos de luz. Por eso al menos con los tres meses de suspensión del aumento morigeramos el daño sobre el pueblo y ahora hay que rediscutir una política de subsidios de luz y de gas por la que se establezca que el valor de los servicios públicos no puedan superar el 10 o el 15 por ciento del ingreso familiar.”

La mirada, ahora, está puesta en la procuradora Alejandra Gils Carbó, que si no hay per saltum tiene abierta la instancia de dictaminar sobre las tarifas, y en la propia Corte Suprema integrada por Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. Carlos Rosenkrantz, como se sabe, todavía no asumió. “Todo es posible, porque la Corte falló hace poco contra el derecho de huelga citando de manera fragmentaria un digesto de la Organización Internacional del Trabajo”, dijo un abogado que litiga en derechos humanos. Pero uno de los funcionarios judiciales consultados terció: “Igual, sería incoherente que una Corte que casi se convirtió en un Ministerio del Riachuelo, con audiencias públicas seguidas, ahora niegue su propia jurisprudencia”, dijo uno de los funcionarios judiciales consultados.

Queda una vía más, al menos para los electrodependientes como los chiquitos que necesitan dispositivos permanentes para sobrevivir: buscar una cautelar en el sistema interamericano de derechos humanos.

Aranguren quizás lo ignore, pero hay un mundo además de Shell.

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