Mondino hizo la presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la que reclamó que se disponga una medida cautelar urgente que ordene la adopción de "las medidas que fueren necesarias para modificar las actuales condiciones de vida de las poblaciones que se encuentran en una situación de exterminio silencioso, progresivo, sistemático e inexorable".

En ese marco, exige "la protección de numerosas comunidades aborígenes que habitan la zona Sudeste del Departamento General Güemes y Noroeste del Departamento Libertador General San Martín", cuyas poblaciones "viven en condiciones inhumanas a consecuencia de la omisión de los estados provincial y nacional en prestar la mínima asistencia humanitaria y social".

La denuncia "se funda en la constatación y relevamiento realizado por personal de la Defensoría en los departamentos mencionados de la provincia de Chaco".

Los funcionarios -explicó- "recorrieron más de treinta localidades, parajes y lugares de asentamiento de comunidades".

"La investigación realizada permitió arribar a conclusiones alarmantes en orden a la vulneración permanente y sistemática de los derechos humanos básicos de los pobladores", afirmó.

En ese marco, añadió, "se ha podido verificar que en su casi totalidad viven en ranchos de barro y ramas, en extremo precarios, en donde anidan las vinchucas, y que en los últimos treinta años no se fumigó en contra el insecto transmisor del mal de Chagas, salvo excepciones".

Asimismo, "numerosos pobladores en las entrevistas refieren carecer de alimentación adecuada (en muchos casos se mencionó por parte de éstos que transcurren dos o hasta tres días sin ingerir alimentos)".

Y, además, "no tienen agua potable, ya que en casi todos los lugares visitados el agua que se utiliza para beber proviene de charcos o represas que son los mismos en los cuales beben los animales del lugar". También mencionó altos niveles de desnutrición y de enfermos de Chagas.

El ombudsman Mondino advirtió que se produce "la violación de todos los derechos humanos reconocidos por nuestra Carta Magna y consagrados en los tratados internacionales".

Por ello -aseveró- "se solicitó como medida cautelar urgente que en forma previa, y teniendo en cuenta que muchos pobladores de las zonas afectadas incluidas en el juicio se encuentran al borde de la muerte, se ordenen a las demandadas que lleven adelante inmediatamente las acciones necesarias a fin de cubrir las necesidades básicas inherentes a todo ser humano".