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El consejo directivo de la Facultad de Ciencias Sociales rechazó por unanimidad la aceptación de los fondos provenientes de la minera La Alumbrera, incorporados por la Universidad de Buenos Aires a su presupuesto. La empresa es resistida por el alto impacto ambiental de su forma de explotación a cielo abierto.

Por ley 14.771, el sistema universitario recibe parte de las utilidades de los Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (Ymad), entidad que posee los derechos del yacimiento catamarqueño de oro y cobre Bajo La Alumbrera y, para explotarlo, formó una unión de empresas con Minera Alumbrera Ltd. Desde hace una década, ciudadanos y funcionarios vienen denunciando contaminación, derrames y filtraciones. Hasta que el año pasado, la Cámara Federal de Tucumán consideró que “se encuentra acreditada la existencia de contaminación” y procesó al vicepresidente de la firma, Julián Rooney.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a todos los rectores, aceptó y distribuyó partidas de 50 millones y de 36,8 millones de pesos en 2008 y 2009. La principal oposición al ingreso de los recursos mineros en la academia provino de grupos de profesores y estudiantes. Sólo hubo unos pocos rechazos institucionales: las facultades de Psicología, de Filosofía y la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad de Córdoba, un consejo consultivo de la Universidad de la Patagonia SJB y la Facultad de Humanidades de la Universidad de Salta. Y ahora se sumó Ciencias Sociales de la UBA.

En la sesión del martes pasado, los consejeros de Sociales votaron rechazar el ingreso de los recursos mineros. También resolvieron “plantear al Consejo Superior de la universidad la necesidad de convocar a un debate interdisciplinario amplio sobre la cuestión de minería a cielo abierto y el modelo extractivo”, con participación de especialistas universitarios, las asambleas ciudadanas y todos los actores interesados. Además, formularon un pedido de informes al rectorado por “la aceptación acrítica de los fondos”. Por otra parte, el consejo aprobó un repudio al veto presidencial a la Ley de Protección de Glaciares.