El aumento de las retenciones del 11 de marzo movilizó a cientos de productores en defensa de sus márgenes de rentabilidad, afectados por la medida. Como buena parte de los protagonistas de los cortes de ruta son pequeños chacareros, el Gobierno ideó un mecanismo de reintegros para dejarlos al margen del incremento del derecho de exportación. Les garantizó que el Estado les devolverá a cada uno de ellos lo que pagan de más respecto de la retención que debían afrontar hasta el 10 de marzo, de modo de aislarlos de la suba. Según estimaciones oficiales, a las que tuvo acceso PáginaI12, las compensaciones pueden llegar a un máximo que ronda los 30.000 pesos para los productores de 500 toneladas de soja y a 65.000 para quienes cosechen esta campaña 500 toneladas de girasol (ver aparte). Son cifras nada despreciables. Sin embargo, por ahora apenas 308 productores iniciaron el trámite para cobrarlas, sobre un universo estimado de 62.500. La pregunta inevitable es cuál es la razón: ¿los reintegros están diseñados para que lleguen a los beneficiarios o son un producto de marketing del Gobierno para ganar una discusión ante la opinión pública?

Las respuestas varían según si las formulan fuentes oficiales o de entidades ruralistas, pero en un punto coinciden: es improbable que haya presentaciones masivas mientras siga el conflicto, tanto porque los productores compenetrados con la protesta no pensarán ahora en los reintegros, como porque las cámaras que los agrupan no harán el indispensable trabajo de difusión y colaboración en la realización de los trámites. Es un tema para más adelante. Otra razón esbozada por el Gobierno es que de ese padrón de 62.500 eventuales beneficiarios, una buena cantidad ya no se dedica a la producción sino que vive de la renta –jugosa– de sus campos, fenómeno ciertamente extendido desde que se produjo el boom sojero de 2002 en adelante.

El proceso de valorización de la tierra queda reflejado en estadísticas oficiales y privadas. El Ministerio de Economía indicó, por ejemplo, que el precio de la hectárea en la zona norte de Buenos Aires pasó de 27.500 a 38.000 pesos en los últimos doce meses. La Compañía Argentina de Tierras (CAT) reveló la semana pasada que en distintas zonas de esa provincia los precios de la tierra subieron entre 22 y 39 por ciento en abril –pese al conflicto con el Gobierno– respecto a mayo de 2007. El mes pasado ya regían las nuevas retenciones y aun así el valor de la tierra aumentó. Si alguien está dispuesto a comprar o arrendar a esos precios es porque

estima que la rentabilidad que podrá obtener explotando esos campos lo justifica. Y el valor de la tierra no aumentaría si no hubiera demanda.

El Gobierno insiste en que a pesar de la suba de retenciones, los productores grandes, medianos y pequeños tienen márgenes de ganancias que superan sus previsiones cuando sembraron soja en octubre pasado, lo cual se explica por el formidable aumento del precio internacional del grano. Si a eso se agrega que los chacareros pueden pedir reintegros para quedar al margen de la suba de los derechos de exportación, los motivos principales de queja que expresan desde la ruta no tienen sustento.

Una tercera razón que da el Ejecutivo de la escasa adhesión a los reintegros es la alta informalidad del sector rural. Aun así, el último jueves el Ejecutivo accedió a que los monotributistas ingresen como eventuales solicitantes de las compensaciones. Los registros de la AFIP contabilizan alrededor de 3000 productores en esa condición. En un principio se los había excluido porque se sospecha que su facturación supera el tope de 144 mil pesos anuales que rige para la inscripción en el monotributo, y que en realidad se anotaron en ese régimen para pagar menos impuestos. Para facturar un máximo de 144 mil pesos de soja o girasol los campos no deberían exceder las 20 o 25 hectáreas según la zona, explotaciones pequeñas que más les valdría dedicar a otras producciones agropecuarias (ganadería, porcinos, pollos, leche, etc.). El Gobierno pretende mostrar su incorporación al universo de productores que pueden pedir reintegros como un gesto hacia las entidades rurales, que así lo habían reclamado.

También autorizó que las gobernaciones participen en el visado de las declaraciones juradas que los productores deben enviar a la Oncca –organismo que autoriza y fiscaliza los reintegros– para apurar los trámites. Antes sólo podían hacerlo los municipios, pero para varios de ellos implica una pesada carga administrativa y allí podría generarse un embudo que demore la llegada de solicitudes a la Oncca. Es probable, además, que la resolución que se dará a conocer esta semana autorice a las provincias a adelantar los pagos a los productores una vez que la Oncca haya aprobado su liquidación, de modo de que no tengan que esperar 60 días para hacerse del dinero como estableció la resolución original.

Todas esas modificaciones tienden a garantizar que el dinero les llegue rápido a los interesados que cumplan los requisitos. Los pasos administrativos y los trámites que deben hacer los productores son sencillos y no deberían entorpecer el cobro. En términos operativos, las entidades ruralistas no ponen grandes reparos al mecanismo que administrará Ricardo Echegaray desde la Oncca. Sus mayores objeciones están centradas en dos aspectos: que los límites fijados por el Gobierno son muy estrechos, por lo que miles de pequeños y medianos productores quedan fuera del alcance del beneficio, y que existen parámetros “administrativos” que otros tantos no pueden cumplir.

En el primer caso, el Gobierno determinó que pueden cobrar los reintegros los productores de la Pampa Húmeda con campos de hasta 150 hectáreas que cosechen esta campaña un máximo de 500 toneladas de soja o girasol, mientras que las explotaciones de zona extrapampeana no deben superar las 350 hectáreas. Todos ellos deben haber facturado como máximo 500 mil pesos la campaña anterior neto de IVA y no más de 800 mil en la actual. Las cámaras agropecuarias consideran que son límites muy acotados. El Gobierno responde que el propietario de un campo de 150 hectáreas que produce soja o girasol en la Pampa Húmeda es dueño de un activo que ronda entre 1,5 millón y 2,2 millones de dólares, mientras que en zonas extrapampeanas 350 hectáreas dedicadas a esos cultivos tienen valores de mercado de 800 mil a 1,7 millón de dólares. El margen bruto –ingresos menos costos antes de impuestos– promedio para un campo de 150 hectáreas en la primera zona supera los 240 mil pesos por cosecha de soja y 300 mil por girasol, según cálculos del Gobierno. Por lo tanto, dicen desde el Ejecutivo, no se justifica compensar a productores de mayor tamaño y más facturación.

La segunda crítica de los ruralistas es que el Gobierno deja afuera a los productores que participan de lo que se denomina sociedad de hecho y a las sucesiones indivisas. Las cámaras del campo no pueden dar cifras precisas, pero aseguran que esas figuras legales están muy extendidas en la Argentina. Para poder cobrar los reintegros, los productores deben estar inscriptos en el Registro de Operadores de Granos. En el caso de las sucesiones indivisas, por ejemplo, tres hermanos heredaron de su padre 100 hectáreas cada uno en la Pampa Húmeda –lo cual los habilitaría a pedir el reintegro, porque el límite es de 150 hectáreas– pero como los campos se encuentran a nombre de sólo uno de ellos, quedan excluidos del beneficio. Lo mismo ocurre con las sociedades de hecho: dos socios que administran 100 hectáreas cada uno no pueden reclamar el subsidio porque en los registros de la sociedad figura que poseen 200 hectáreas, por arriba del límite de 150.

Las entidades agropecuarias plantearon la objeción ante la Secretaría de Agricultura en abril, durante una de las instancias de negociación, pero el Gobierno no dio respuesta. Una razón esgrimida por fuentes oficiales es que para poder cobrar los reintegros los productores deben formalizar su situación ante los registros de AFIP y demás organismos de control, y que si no lo hacen no es por un problema de costos, como argumentan los ruralistas –los tres hermanos que manejan 100 hectáreas cada uno llevan una sola contabilidad y al tener que triplicar los registros suben los gastos, ejemplifican–, sino porque quedarían bajo la lupa y deberían blanquear operaciones y peones que hoy tienen en negro. Y ésa es otra discusión.