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Hay noticias que producen bronca e impotencia. Todos los días. Pero algunas más que otras. En la Argentina, el encubrimiento y la impunidad para los genocidas de la dictadura duró décadas, con sus más y sus menos, y todavía hay dilaciones, apologías y amenazas a testigos. Ahora la historia se repite en Colombia, como si 30 años hubieran pasado en vano. Porque el 13 de mayo el gobierno de Alvaro Uribe, con la complicidad del gobierno de George Bush, extraditó a 14 jefes paramilitares a Estados Unidos para que se callen la boca.

Los paras, al amparo de la benévola Ley de Justicia y Paz, habían decidido entregarse y confesar sus crímenes. El trato era simple: confesaban, pagaban reparaciones si el Estado les encontraba dinero, pasaban unos pocos años en la cárcel y yastá. Para las víctimas, aceptar esa ley era como pactar con el demonio. A cambio de enterarse de qué les había pasado a sus hijos secuestrados, torturados y desaparecidos, debían aceptar que los crímenes quedaran casi impunes. Canjearon verdad por justicia porque no les quedaba otra. Era eso o nada. Ahora es nada o a lo mejor casi nada.

Porque los paras, cuyo origen se parece demasiado al de la Triple A, empezaron a contar quiénes eran sus patrones como nunca tuvieron que hacerlo sus antecesores argentinos. Involucraron a un montón de políticos y, oh casualidad, casi todos resultaron ser aliados o amigos del presidente y más de treinta terminaron en cana. Cuando los paras empezaron a hablar de la familia del presidente, Uribe bajó la persiana y los mandó a Estados Unidos. Allí serán juzgados por narcotráfico, un currito que los paras aprendieron mientras hacían desaparecer estudiantes, sindicalistas, líderes campesinos y políticos de la oposición. En Estados Unidos los paras podrán negociar reducciones de penas y cambios de identidad si cuentan con la información adecuada, cosa que se descuenta. Y nadie podrá condenarlos por otra cosa que no sea vender droga.

Uribe actuó de prepo, con una excusa pueril, sin avisarle ni a la Justicia, ni a las víctimas, ni a los abogados de los paras, ni a nadie. El decreto que ordena la extradición dice que la razón es que los paras no colaboran lo suficiente y que siguen delinquiendo desde la cárcel. Pero los paramilitares colaboraron lo suficiente como para que más de 30 importantes congresistas terminaran presos. O sea, Patti por 30. Además, los principales interesados en el éxito del proceso que supuestamente no funciona, las víctimas, son los principales perjudicados por la chanchada de Uribe.

Para que no queden dudas de las intenciones de las autoridades colombianas, horas después de la extradición desaparecieron de las celdas de máxima seguridad los discos duros de las computadoras de los dos paramilitares más locuaces del grupo de los extraditados, Salvatore Mancuso (foto) y Cuco Vanoy. Gran revuelo gran. El ministro de Justicia dijo que va a averiguar qué pasó con la misma cara de distraído que ponían los milicos argentinos cuando alguien se animaba a preguntarles por las personas que habían chupado.

Pero claro, las victimas no son nadie y los familiares, menos que nadie. Uribe tiene el apoyo de más del 80 por ciento de la población, como lo tuvo Videla cuando dio el golpe. Y como dice Gieco, el grito de los perdedores es sordo y mudo, aunque griten juntos.

Gritar, gritaron. Cinco días después de las extradiciones, representantes de las organizaciones de derechos humanos se reunieron con Mario Iguarán, el fiscal a cargo del programa de Justicia y Paz. La minuta de la reunión da pena:

n El fiscal dijo que no fue informado pero sí fue sorprendido con la extradición de los militares.

n El fiscal dijo que no estaba de acuerdo con las extradiciones, toda vez que considera que, a pesar de los problemas conocidos, la Ley de Justicia y Paz sí estaba funcionando, los paramilitares estaban diciendo la verdad y se avanzaba en la reparación.

n El decreto por medio del cual el gobierno retira beneficiarios de la Ley de Justicia y Paz es inconstitucional. Según esa ley, si los paramilitares seguían delinquiendo en las cárceles, debían ser trasladados a la Justicia ordinaria y no extraditados.

n La fiscalía de Colombia no estaría de acuerdo con negociaciones entre paramilitares y la Justicia de Estados Unidos que permita cambio de identidad y residencia en otro país.

n La fiscalía reconoce que las personas extraditadas han confesado 1400 crímenes y 5800 delitos.

También puso el grito en el cielo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos, que lleva varios años monitoreando el proceso de desmovilización de los paramilitares por mandato de los países que integran el organismo multilateral.

Al día siguiente de las extradiciones, la CIDH acusó: “La Comisión observa que esta extradición afecta la obligación del Estado colombiano de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación de los crímenes cometidos por los grupos paramilitares. La extradición impide la investigación y juzgamiento de graves crímenes por las vías establecidas por la Ley de Justicia y Paz en Colombia y por los procedimientos criminales ordinarios de la Justicia colombiana. También cierra las posibilidades de participación directa de las víctimas en la búsqueda de la verdad sobre los crímenes cometidos durante el conflicto y limita el acceso a la reparación del daño causado. Asimismo, este acto interfiere con los esfuerzos por determinar los vínculos entre agentes del Estado y estos líderes paramilitares”.

Nobleza obliga, el texto de la CIDH ofendió la sensibilidad del gobierno colombiano, tal como se desprende de su indignada respuesta del 15 de mayo. Con firma de su canciller, Fernando Araújo, empieza diciendo “el Estado colombiano rechaza, por no ajustarse a la verdad, el comunicado (de la CIDH)”. El texto informa que bajo los términos del acuerdo de extradición, los fiscales norteamericanos, además de juzgar a los paras por narcotráfico, se comprometen a juntar toda la información que puedan sobre los demás crímenes que puedan interesar a la Justicia colombiana. Dice que el acuerdo estipula que el dinero recaudado por la Justicia norteamericana volverá a las víctimas colombianas, que no habrá trato con los paras que no colaboren con las causas colombianas, y que el gobierno colombiano se reserva el derecho de nombrar observadores para asistir a los juicios en Estados Unidos “como representantes de los intereses del Estado colombiano o de sus ciudadanos”. Asegura que los extraditados siguen sujetos a los términos de la Ley de Justicia y Paz, e insta a los jueces colombianos a aprovechar “el ofrecimiento de colaboración hecho por Estados Unidos a través de su embajada en Colombia” para seguir buscando la verdad. Con los asesinos en Yanquilandia, claro está. Se despide diciendo que lamenta que la CIDH “prejuzgue que tanto el gobierno de Colombia como el de Estados Unidos desconocen los derechos de las víctimas” y asegura que no es así, de ninguna manera.

Lo que el comunicado calla es el precio que pagarán los fiscales estadounidenses por el envío de 14 narcotraficantes confesos envueltos en papel de regalo con moñito. “No hay almuerzo gratis” repiten siempre los norteamericanos. Sólo se sabe que el único acreedor es Uribe y que a Uribe no le interesa que se ventilen los crímenes de sus familiares y amigos. Su “gran aliado”, George Bush, será el encargado de vetar, a través del Departamento de Justicia y los organismos de seguridad, la información “políticamente sensible” que pueda surgir en los cruciales primeros meses de los procesos en contra de los extraditados.

El precio es que miles de familiares de víctimas de los catorce asesinos en serie, muchos de ellos humildes campesinos, tendrán que sacarse la lotería, pasar el filtro de Uribe, conseguir una visa norteamericana y subirse a un avión por primera vez en sus vidas si quieren ver a sus verdugos condenados, aunque sea por vender droga. Todo eso siempre y cuando los acusados no lleguen a un acuerdo con los fiscales, supuestamente para bien de todas las partes involucradas, aunque las partes más afectadas quieran otra cosa.

Por eso, diría el cantor, por eso es muy malo dejar pasar, por un costado, la historia esta.

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