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Las modificaciones a las retenciones móviles anunciadas el jueves pasado incluyeron la incorporación de los monotributistas agropecuarios como beneficiarios de los reintegros para pequeños productores. A partir de esta medida, el Gobierno agudizó la mirada sobre estos pequeños contribuyentes. Según pudo averiguar PáginaI12, funcionarios de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), que dirige Ricardo Echegaray, empezaron a analizar el mecanismo de un trámite que se supone de rutina y como alquimistas del entrecruzamiento de datos lograron cantar “eureka”: detectaron serias irregularidades en la emisión de certificados de comercialización y transporte de granos: gran cantidad de monotributistas cargaron camiones por cifras astronómicas, que superan largamente los 144.000 pesos anuales, que es el tope de facturación para esos contribuyentes. El caso emblemático es el de un productor que certificó, en siete meses, la movilización de 21.094 camiones de cereales. Esto equivale a transportar unas 630.000 toneladas e ingresos varias veces millonarios. También descubrieron un mercado paralelo de venta de los certificados conocidos como “cartas de porte”.

Las cartas de porte son los certificados en los que quedan asentados los movimientos de cereales en todo su camino desde la cosecha hasta la comercialización. Es decir, cuando el productor envía granos al acopiador debe completar el certificado estipulando cuántos camiones repletos de cereales envió a los silos. Y cuando el acopiador los envía al puerto nuevamente debe llenar ese certificado.

En la pesquisa de la Oncaa sobre las cartas se encontraron dos graves irregularidades recurrentes. Una, que gran cantidad de monotributistas cargaron camiones por cifras muy superiores a los 144.000 pesos anuales que es el tope de facturación para esos contribuyentes (por encima de esa cifra tienen que inscribirse y pagar como aporte al fisco el 21 por ciento de su facturación por IVA).

En el caso de los monotributistas que ganan fortunas hallaron un caso emblemático, que hasta el viernes no había sido superado por ningún competidor. Un productor agrícola de Oncativo, provincia de Córdoba, inscripto en la AFIP como monotributista categoría T3, en siete meses (de agosto de 2007 a marzo de 2008) compró 21.094 cartas de porte, es decir que adquirió esa cantidad de formularios para certificar la movilización de 21.094 camiones cargados de cereales. Esto equivale a transportar unas 630.000 toneladas, lo que implica una facturación varias veces millonaria aunque se trate del cereal más barato, lejísimo de los 144.000 pesos que como máximo podría facturar.

El Area de Fiscalización de Granos de la Oncca está averiguando la superficie cultivada por este productor y si esos campos son propios o arrendados. Lo mismo está haciendo con cientos de casos testigo de monotributistas que compraron cartas de porte para cargas cuya comercialización superaran en mucho lo que declaran como ingresos.

La otra “perla negra” que descubrió el Gobierno es un mercado paralelo de venta de cartas de porte que equivale a la comercialización de 9 millones de toneladas de granos no declaradas. Al comprar el formulario en el mercado negro, se evita su registro en la Oncaa.

Esta irregularidad podría derivar en que el Estado les quite a la Federación Agraria y a la Federación de Acopiadores de Cereales la potestad de imprimir y vender las cartas de porte, ya que esa tarea se había delegado en estas dos entidades. Si eso sucediera, ambas dejarían de percibir unos 12 millones de pesos anuales, que según el Gobierno es lo que facturan con la venta en blanco de estos certificados.

La extinta Junta Nacional de Granos había creado tres formularios para documentar la comercialización de granos y las cartas de porte, para el transporte de esos granos. Cuando en 1991 el gobierno de Carlos Menem disolvió la Junta Nacional de Granos por un tiempo todo quedó fuera de cualquier control. Pero al año siguiente el Estado delegó en la Federación Agraria y en la Federación de Acopiadores la emisión y distribución de las cartas de porte, y en 1997, le extendieron ese beneficio a los certificados de comercialización. Un modo de autocontrol.

Actualmente, según fuentes de la Oncca, entre las dos entidades venden 4 millones de certificados por año con rentabilidad de tres pesos por cada uno, lo que entre las dos obtendrían una ganancia de un millón de pesos por mes.

Pero al margen de la venta declarada de certificados, en la Oncca aseguran que en el mercado negro se venden unos 300 mil formularios por año, lo que equivale aproximadamente a 9 millones de toneladas de granos no declarados. Como el monopolio de estos formularios los tienen la Federación Agraria y la Federación de Acopiadores, en la Oncca quieren saber si hay un fraude desde adentro o si las dos entidades también son víctimas de la venta ilegal de sus certificados. Los formularios oficialmente se venden a 5 pesos (3 van para las dos entidades y dos para el Estado), pero según el Gobierno en el mercado negro se venden entre 60 y 90 pesos. Pagan 10 o 20 veces más el certificado, pero evitan que ambas entidades lo declaren al Estado. La venta de certificados en negro generaría un negocio de 30 millones de pesos al año que alguien se queda.

En la Oncca sospechan también de la existencia de dos maniobras en la venta de formularios. Una hipótesis es que un operador agropecuario puede comprar una cantidad grande, pero no todas se registran a su nombre. La otra, es que el que las vende declara haber vendido menos.

Ante este cuadro de situación el Gobierno está evaluando que la impresión de los certificados y su distribución se centralicen en un ente creado con ese sólo objetivo y que además ese ente realice los controles sobre los productores como requisito previo a la entrega del formulario.

Si se adopta esa medida, se crearía un nuevo frente de tormenta con la Federación Agraria y con la Federación de Acopiadores de Granos, ya que les quitarían la habilitación para ser ellas quienes hagan esa operatoria.

La investigación de la Oncca se encuadra en la campaña que, a partir del conflicto con las entidades agropecuarias, emprendió el Gobierno con el propósito de profundizar los controles de la evasión impositiva y el trabajo en negro en el sector rural.