Con voz calma, el fiscal general de San Nicolás, Juan Murray, advierte que no recibió ninguna orden del oficialismo para detener a los ruralistas o para imputar a los dirigentes de la oposición por cortar una ruta. “No soy obsecuente de este gobierno”, aclara en diálogo con PáginaI12. Y recuerda, como ejemplo, las causas que promovió que involucraron a funcionarios del kirchnerismo. Murray señala que habló hace más de un mes con el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, pero de “cuestiones operativas”. También resalta la ausencia de repercusiones cuando la causa es contra un dirigente social, en comparación con el revuelo que se levantó ayer. “No tengo ninguna duda de que, para algunos, hay una Justicia para pobres y otra para ricos”, reflexiona.

Si bien para muchos se hizo conocido ayer, Murray es el fiscal que viene impulsando las causas por delitos de lesa humanidad en San Nicolás, como el asesinato del obispo Carlos Ponce de León y los fusilamientos de Eduardo Pereira Rossi y de Osvaldo Cambiaso, que involucran al represor Luis Patti. También indagó por cortar rutas a piqueteros de organizaciones de izquierda y al presidente de la Federación de Tierra y Vivienda, Luis D’Elía. Además, impulsa la causa por presunta contaminación de Papel Prensa, la empresa integrada por el Estado y los diarios Clarín y La Nación.

–La mayoría de los dirigentes de la oposición dieron por seguro que usted recibió una orden del Gobierno.

–Es totalmente falso que haya recibido una orden del Gobierno.

–También lo vincularon con el Frepaso.

–¿Me vincularon? Yo fui militante y afiliado al Frente Grande hasta 2001. También fui militante del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), si les interesa.

–Tampoco es un crimen...

–(Se ríe.) Que yo sepa, no.

–¿Simpatiza con las políticas del actual gobierno?

–Como todos los ciudadanos, simpatizo con algunas políticas del Gobierno y estoy totalmente en desacuerdo con otras. Como cualquier otro ciudadano, tengo opinión formada, pero eso no me hace ni tributario, ni obsecuente de este gobierno, ni de ningún otro. Si yo fuera un “elemento operativo” del oficialismo, no hubiera pedido –como pedí– la declaración indagatoria del ex ministro de Salud Ginés González García, en una causa que hicieron jubilados locales contra el PAMI. A título de ejemplo, le puedo decir que obtuve que se indagara a los ex interventores del PAMI (José Manuel) Corchuelo Blasco, Horacio Pacheco, Juan González Gaviola en esa misma causa. No se me puede tildar de ser una persona afín, obsecuente o tributaria del Gobierno.

–¿Es una estrategia de defensa de los imputados?

–Cada uno ejerce la defensa que cree que tiene que ejercer. Sería bueno que la ejerzan en la causa judicial con elementos concretos de prueba. Por ejemplo, los ocho productores que fueron detenidos podrían haber prestado declaración y se negaron. Las defensas las tienen que ejercer en la causa.

–¿Recibió algún llamado del poder político, antes o después?

–Hablé con la secretaria de Seguridad y con el Ministerio de Justicia por la actuación de la Prefectura.

–En concreto, ¿habló con Aníbal Fernández?

–Sí, he hablado con el ministro sobre este tema. Hablamos cuestiones operativas concretas sobre la actuación de la Prefectura.

–¿Los fallos judiciales deberían evaluar el contexto político y social?

–Yo no tengo en cuenta el contexto político y social, lo único que tengo en cuenta es la disposición de la ley.

–¿Por qué la imputación llegó ayer?

–Se sustanció el sumario desde el 19 de marzo pasado, se recibieron declaraciones testimoniales, informes de las fuerzas de prevención, material de video de los canales que habían filmado y de las fuerzas de prevención. Las notificaciones y la determinación de los domicilios de los imputados son de la semana pasada. Son los tiempos normales de un proceso.

–¿Por qué imputó también a los dirigentes políticos?

–Estuvieron en el acto y el acto fue parte de la interrupción del tráfico vehicular en la autopista Buenos Aires-Rosario.

–¿Tiene la impresión de que cuando imputa a un piquetero nadie se queja?

–No, en su momento, vinieron a quejarse. La gente del PCR y de la CCC no me trató muy bien. Es más: las organizaciones sociales me hicieron un escrache en la puerta de la fiscalía general. Creo que no eran más de veinte militantes de los partidos de izquierda local. Obviamente, no tuvo la repercusión en los medios nacionales como tuvo el tema este, pero bueno... Cada uno defiende a quien cree que tiene que defender.

–¿Para algunos hay una Justicia para pobres y otra para ricos?

–No tengo ninguna duda de eso. El cristal con que se miran los hechos es muy diferente, según quién sea el presunto autor de los hechos delictivos que se cometen. No es casual que las cárceles estén pobladas de gente pobre y joven y que no haya gente rica.

–¿Influye que los imputados sean los titulares de las entidades agrarias?

–No me caben dudas, y menos con la repercusión pública que tuvo esto.

–Buzzi lo critica porque “criminaliza la protesta”.

–Yo no estoy criminalizando la protesta. Lo único que estoy haciendo es realizar imputaciones sobre hechos que fueron cometidos y que cuadran en las figuras delictuales del Código Penal. Si una protesta se hace de una manera en la cual no se cometan delitos, obviamente no se va a dirigir una imputación penal. Si los actos se hubieran hecho en lugares adecuados para esa manifestaciones (una plaza, un parque, un estadio) sin producir una interrupción del tránsito, obviamente que no estarían imputados.

–¿Qué lugar debe tener la Justicia frente a la protesta social?

–En la medida en que existan causales de justificación o de inculpabilidad o no punibilidad, obviamente que no se aplica la pena y no se llega a un juicio oral y público. Pero no todos los casos son iguales.

–En ese sentido, Roberto Gargarella escribió hace tiempo que no son comparables los piquetes de desocupados con los de ruralistas.

–Es fácil hablarlo en líneas generales, pero hay que analizar los casos concretos judiciales. Hay que analizar que, si más allá de que los autores han incurrido en un hecho tipificado en el Código Penal, existe alguna causal de justificación, de culpabilidad o de impunibilidad. Eso es lo que establece el Código Penal.